MATRIMONIO IGUALITARIO

SEÑOR DIRECTOR

Álvaro Paúl indica en su carta de ayer que los Acuerdos de Solución Amistosa (ASA) no crean obligaciones para el Estado que los suscribe y que sería conveniente regularlos para asegurar que no vincularán a gobiernos futuros. Si se aceptara esta interpretación equivocada, los ASA perderían toda legitimidad. Ningún peticionario aceptaría llegar a acuerdo con un gobierno, si ellos sólo funcionaran

como “intención estatal”.

Muchos casos se relacionan con medidas que sólo tienen sentido a largo plazo, en temas de propiedad indígena, derecho a la salud o libertad de expresión, entre otros.

La solución del conflicto de acuerdo a las reglas del tratado que las establece obliga al Estado a hacer aquello que se compromete a hacer. Ni más ni menos. Esta posición la confirmó la propia Contraloría al revisar el ASA sobre matrimonio igualitario, indicando que los acuerdos alcanzados en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos resultan vinculantes para el Estado. En este caso, Chile se comprometió a impulsar y promover el matrimonio igualitario.

En mi carta (que Álvaro Paúl contesta) indico que darle urgencia al proyecto de ley es la única señal inequívoca de compromiso con el tema. Puede haber otras, pero sin la urgencia, el Estado se expone a volver a la Comisión Interamericana, con posibilidades ciertas de llegar a la Corte Interamericana y ser condenado por incumplir sus obligaciones en materia de igualdad y no discriminación.

Finalmente, Paúl indica que la mayoría de los votantes de este gobierno se oponen al matrimonio igualitario. Las encuestas, sin embargo, hace ya tiempo indican que la mayoría de la población chilena apoya el matrimonio igualitario. Por lo mismo, cumplir con las obligaciones legales emanadas del ASA no sólo es lo legalmente correcto, sino también lo políticamente aconsejable.

Macarena Sáez Torres

Directora del Centro de Derechos Humanos American University Washington College of Law