La mitad de los asesores despedidos de la Cámara fue recontratada
Según registros oficiales, 759 personas fueron despedidas e indemnizadas por la corporación en marzo de 2018, y antes del 1 de abril, 360 fueron vueltos a contratar.
14 POLÍTICA
Partió siendo un hábito, pero desde 2010 quedó consagrado en la orgánica del Congreso: a todos los asesores contratados como personal de apoyo de la Cámara de Diputados –donde se incluye a jefes de gabinetes, territoriales o secretarias, entre otros- se les despide e indemniza cada cuatro años. Y al poco tiempo de firmar sus finiquitos, se les recontrata.
Según registros obtenidos vía solicitud por Transparencia, la corporación indemnizó a 759 personas al final del periodo parlamentario pasado, y recontrató a casi la mitad de estos asesores: exactamente a 360.
La Ley Orgánica del Congreso Nacional estipula que los congresistas terminarán la relación laboral con sus asesores contratados bajo el Código del Trabajo “por la cesación en el cargo del parlamentario”.
Así, según esta disposición, al 10 de marzo de este año, la totalidad de los asesores fueron despedidos, pese a que varios de los diputados que a quienes prestaban servicios fueron reelectos. Y así, en menos de un mes, la mitad de estos funcionarios indemnizados fueron recon- tratados por la corporación.
Las cifras de finiquitos obtenidas por La Tercera corresponden a indemnizaciones otorgadas por despidos bajo la causal “mutuo acuerdo”.
“Esto es parejo para todos”, explica el diputado Bernardo Berger, presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, tras ser consultado por qué se indemniza a asesores que seguirán trabajando para la Cámara toda vez que sus diputados resultaron reelectos.
“Esto está instaurado, porque terminado el periodo parlamentario, vaya como le vaya al parlamentario, se le indemniza los cuatro años a ese profesional o trabajador”, afirma Berger.
Pese a que por orden de cada diputado se recluta a su personal, la responsabilidad de estas contrataciones no cae directamente sobre el diputado, sino que en la corporación. De hecho, aquellas personas fichadas bajo el Código de Trabajo no se remuneran con cargo a las asignaciones parlamentarias, sino que desde el presupuesto institucional.
El secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros -jefe administrativo de la corporación-, señala que esos trabajadores poseen un régimen especial.
Al ser consultado por qué se instauró que los asesores de diputados sean indemnizados cada cuatro años, Landeros responde: “Eso está establecido por la modificación que se hizo a la Ley Orgánica del Congreso que se hizo en 2009, publicaba en 2010, y que estableció para ellos una cláusula distinta al resto de los trabajadores”.
Según señala, la cláusula especial corresponde al despido por “pérdida de confianza”, sin embargo, todos los finiquitos consultados aluden a la causal de “mutuo acuerdo”. Según Landeros, son ellos quienes piden sean finiquitados por esa causa.
Asimismo, explica que los finiquitos se concretan el día 10 marzo. Y que “este año las recontrataciones tomaron hasta el 1 de abril”.
Amparo
Este diario solicitó estos antecedentes vía Transparencia en marzo de este año. Sin embargo, no fue sino a partir de un requerimiento de amparo extendido a la Comisión de Ética de la Cámara -paso siguiente a la solicitud no satisfecha-, que fueron proporcionados, pero parcialmente.
En el escrito fallado por dicha comisión, se denegó el acceso al desglose de los montos obtenidos como indemnización por trabajador. Según se detalla, la razón se funda a que desde 2015 en adelante, se ha ido agregando a los contratados por Código de Trabajo una cláusula de publicidad que impide su divulgación. Esto pese a ser remunerados con fondos públicos.
Según un oficio presentado en la comisión por Landeros, fue justamente a partir de marzo de 2018 que todos los trabajadores de la Cámara que posean la condición de trabajadores vía Código del Trabajo (no honorarios), se encuentran sujetos a esta cláusula.
La comisión determinó que para ser difundido el monto de cada indemnización se debía contar con la autorización del trabajador.
Sin embargo, el propio Landeros cifra en $ 1.100 millones el total de indemnizaciones pagadas por la Cámara cada cuatro años y bajo esta figura. ●