APROBACIÓN DE AULA SEGURA EN EL SENADO . LOS EFECTOS DEL CRIMEN DE JAMAL KHASHOGGI

Es acertado que en la sala del Senado haya prevalecido el consenso y se revirtiera el sesgo que permeó a la Comisión de Educación.

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El proyecto de ley conocido como “Aula Segura” logró sortear su primer trámite constitucional en el Senado, no exento de polémicas. Inicialmente, la oposición centró su discurso en que se trataba de un proyecto innecesario, ya que la facultad de los directivos de los establecimientos escolares para proceder a la expulsión de un alumno, en las circunstancias descritas por el proyecto, ya estaba prevista. Posteriormente, y conocido el texto del proyecto, se señaló que la iniciativa legal no daba cumplimiento a la garantía del debido proceso, cuestión esta última que el gobierno se allanó a perfeccionar, introduciendo indicaciones al efecto para hacerse cargo de los cuestionamientos.

Sin embargo, la Comisión de Educación del Senado, instancia técnica destinada a conocer en detalle la iniciativa presentada, fue mucho más allá. En efecto, a través de la presentación de sendas modificaciones, transformó la iniciativa original en una muy distinta a la presentada por el gobierno, dando un giro a su idea matriz, al cambiar su nombre -el que para efectos comunicacionales se dio a conocer como “Aula Democrática”, lo que ya dice mucho del giro en los contenidos de la iniciativa-; al eliminar de la propuesta legal las gravísimas causales de violencia habilitantes para proceder con la expulsión de los alumnos involucrados y derivando la concreción de tales causas graves a los reglamentos internos de los establecimientos educacionales, a sabiendas de que en la forma que éstos se generan y modifican, difícilmente podrían haber contemplado oportunamente dichas causales. Las indicaciones parlamentarias abordaron, además, materias que, aun cuando atendibles, como los programas de acompañamiento y atención de los alumnos involucrados, corresponden a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, al importar un mayor gasto fiscal.

La Comisión de Hacienda del Senado, que conoció del proyecto tras la Comisión de Educación -justamente para resolver aquellas cuestiones relacionadas con el mayor gasto involucrado-, terminó siendo la sede en que se zanjó la propuesta que aprobaría posteriormente la sala del Senado, prácticamente por unanimidad. Es en esa comisión en la que, a través de los acuerdos, del buen entendimiento y de la sensatez de todos sus miembros -y de otros senadores que, genuinamente interesados en el tema, participaron en esta instancia-, se retoma la idea matriz del proyecto, revirtiendo cambios relevantes introducidos por la Comisión de Educación y manteniendo otros ahí aprobados.

Si bien es factible que el debate mute de una comisión a otra y de una Cámara a la siguiente -como es previsible que pueda ocurrir en la Cámara de Diputados en este caso-, parece un contrasentido que haya tenido que ser la Comisión de Hacienda la instancia en que se encontrara la nota de cordura y de adecuada disposición al consenso, y no la Comisión de Educación, que era la llamada por naturaleza a jugar este rol. Su presidenta -militante DC- pareció más empeñada en lograr un posicionamiento como referente de izquierda, aparentemente sin advertir que ya se ha asentado fuertemente en la opinión pública la necesidad de contar con una herramienta que permita la sanción efectiva del vandalismo.