Justicia estudia concesionar nuevas cárceles
Ministro Larraín dijo que futuro plan de infraestructura penitenciaria podría incluir recintos privados.
En enero de 2001, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, los ministerios de Justicia y Obras Públicas firmaron un convenio de colaboración para la construcción de 10 cárceles concesionadas, por una inversión de US$ 260 millones. La nueva infraestructura prometía agregar 16 mil plazas al sistema penitenciario tradicional e impulsaba, por primera vez, la participación del sector privado en el sistema carcelario.
Sin embargo, de las 10 cárceles se terminaron levantando ocho, en tres etapas. Alto Hospicio, La Serena y Rancagua; Antofagasta y Concepción, y Santiago I, Valdivia y Puerto Montt. Mientras los primeros dos grupos estuvieron a cargo de la empresa Besalco, el tercero quedó en la compañía francesa Vinci.
Mientras las empresas iban levantando la infraestructura, comenzaron a solicitar más recursos de los contemplados en la licitación, situación que generó presión e incluso gatilló la paralización de las cárceles de Antofagasta
“Tendrán participación (...) las concesionarias que tuvieran interés”
HERNÁN LARRAÍN MINISTRO DE JUSTICIA
y Concepción. Finalmente, la empresa se impuso en tribunales, ya que la Corte Suprema recomendó a las partes negociar y el Estado terminó cancelando un monto adicional del 140%. Este resultado determinó que el entonces ministro del MOP Eduardo Bitrán (20062008) determinara descartar la continuidad del sistema de concesión de cárceles.
A casi una década de estos hechos, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, reconoció que se evalúa retomar la participación de los privados. La secretaría de Estado realizó recientemente un catastro a los centros penitenciarios, el que será uno de los insumos para el futuro plan de infraestructura.
“Respecto de futuras concesiones, ello estará ligado al plan de infraestructura que está en estudio, y que probablemente en él tendrán participación en el futuro las concesionarias que tuvieran interés en continuar con este servicio”, señaló Larraín.
Con relación a los actuales recintos, el secretario de Estado estimó que tienen puntos a favor y en contra, aunque enfatizó que estos pueden ser ajustados a través de cambios contractuales. “Consideramos una opción válida continuar a futuro con este sistema, modificando probablemente los contratos actuales para adecuarse a las demandas y exigencias que quisiéramos incorporar”, manifestó sobre el particular.
De acuerdo a Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios, “hemos planteado como industria que nos interesan seguir con las cárceles concesionadas, pues vemos que ha sido el modelo y ha dado un mejor estándar”.
En la actualidad, en las cárceles concesionadas se encuentra el 32% de los condenados, mientras sus porcentajes de ocupación varían entre el 49,7% (Valdivia) y 98,2% (Santiago I).b