Libertad condicional: reos de DDHH apelan
Apenas instalado en la cartera, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, comenzó a trabajar en un proyecto de ley que permitiese conmutar la pena de personas condenadas por crímenes y que se encontraran en situaciones de invalidez. Y pese a que en un principio se planteaba como opción al beneficio el padecer una enfermedad terminal o demencia, el Ejecutivo incorporó una tercera variable: la edad del condenado.
Así, la iniciativa entregada a Presidencia consideró que cumplir 80 años se convertía en una opción para permitir a esa persona pasar de pena efectiva de cárcel a arresto domiciliario. Sin embargo, los partidos del oficialismo han presionado para bajar ese número en una década, permitiendo optar al beneficio a los 70 años.
La definición de este aspecto mantiene la propuesta estancada en La Moneda, sin que ingrese al Congreso para su discusión. Al respecto, Larraín aseguró que el punto intermedio entre lo elaborado y la exigencia de los partidos, se vislumbra como una salida: “Este punto se está discutiendo. Una buena fórmula es la solución intermedia, los 75 años”.
Para quienes tengan las penas más graves, se evalúa exigir, además, un tiempo de cumplimiento de la pena, que sería, según el propio Larraín, “la mitad o dos tercios de la pena”.
El plazo que tardará la presentación de la iniciativa depende actualmente de Presidencia, donde se decidirá el “momento político” propicio para iniciar la discusión parlamentaria.
El diputado Marcelo Díaz (PS) se mostró contrario a la propuesta del Ejecutivo. “Son fórmulas que el gobierno está tratando de usar para resolver sus compromisos con los reos de Punta Peuco. Porque si no hay distinción entre delitos de lesa humanidad y comunes, efectivamente van a salir en libertad todos los violadores de derechos humanos”.
En este sentido, el ministro Larraín señaló que “la condición de dignidad humana justifica conmutar la pena. No tiene que ver el delito que haya cometido, sino la condición de salud en ese minuto. No es un proyecto que diferencia por razones del tipo de delito el acceso al beneficio, sino por la gravedad de la persona”.
De acuerdo a lo propuesto por Justicia, otro de los cambios que plantea la propuesta apunta a traspasar la decisión desde el Ejecutivo a los tribunales.b