FONDOS PÚBLICOS Y UNIVERSIDADES ESTATALES

El reclamo por más recursos parece exagerado, atendido su acceso privilegiado al financiamiento público.

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En el contexto de la discusión del proyecto de presupuestos para el año 2019, se ha observado una ofensiva por parte de los rectores de universidades estatales, quienes solicitan más recursos para sus instituciones. Si bien -y tal como sucede cada año- los rectores consideran que los recursos que se les están asignando son insuficientes, en esta oportunidad las críticas parecen venir con más vehemencia. Ello, sin embargo, no se condice con el verdadero tratamiento que el presupuesto da a sus instituciones, ni tampoco con la situación fiscal del país.

Respecto al tratamiento que reciben las universidades estatales, las críticas de los rectores son poco proporcionadas, pues las 18 universidades estatales, independiente de su nivel de acreditación y del cumplimiento de requisitos de calidad, tienen reservada la mayor porción del financiamiento que el Estado dispone para fomentar el desarrollo de este nivel educativo. Ello, a pesar de que entre ellas hay dos universidades no acreditadas -las nuevas de O’Higgins y Aysén- y otras dos con sólo tres años de acreditación, que quedan en ventaja respecto a otras instituciones no estatales de probado mérito. Así, más del 60% de los dineros que contempla la ley de presupuestos 2019 para el financiamiento institucional de la educación superior -esto es, excluyendo las ayudas estudiantiles para los alumnosestán acotados exclusivamente a dichos planteles.

Fuera de las universidades estatales hay otro grupo de instituciones privadas tanto dentro como fuera del Consejo de Rectores (Cruch), cuyo aporte a la generación de bienes públicos es incuestionable, y por ello no existen razones para excluirlas de antemano de poder postular al financiamiento público de sus proyectos. En el caso de las universidades privadas que forman parte del Cruch, cuyo promedio de acreditación es de 5,7 años -por sobre los 4,2 años de las estatales-, éstas tienen acceso al 36% de los recursos que el presupuesto destina al financiamiento institucional. Y el resto de las instituciones acreditadas que no pertenecen al Cruch sólo pueden postular al 3% restante del presupuesto. Entre éstas se encuentran las universidades privadas que participan del sistema único de admisión vía PSU, las que promedian 4,6 años de acreditación, situándose a la par de las tradicionales y por sobre varias estatales.

Lo anterior devela la importancia de avanzar hacia un sistema de asignación de recursos públicos más realista y justo, que deje de responder a criterios históricos, y en cambio apunte a proveer recursos para los proyectos que constituyan un aporte al país, independiente de la naturaleza de la institución. Tímidamente, ello es lo que parece estar tratando de hacer la ley de presupuestos 2019, al aumentar -aunque todavía muy modestamente- los recursos para fondos competitivos.

Con todo, es necesario reconocer los límites del gasto público y definir prioridades. La gratuidad y otras leyes aprobadas en los últimos años explican la falta de holguras para aumentar el gasto en otras materias. En ese escenario, todo indica que los rectores debieran tener una mirada más extensa y solidaria, aceptando que se deje espacio al financiamiento del resto de las prioridades que tiene el país.