Las cinco preguntas aún no resueltas del caso Huracán
En septiembre de 2017, la fiscalía y Carabineros de IX Región celebraban la detención de ocho comuneros mapuches. Un mes después, la relación entre ambas instituciones se quebró. La investigación del fiscal Carlos Palma estableció la inexistencia de Anto
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El martes 6 de noviembre, en el Juzgado de Garantía de Temuco, se reanudará la audiencia de formalización por asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación contra el mayor (R) Patricio Marín Lazo, exjefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de La Araucanía (U.I.O.E.). Con este procedimiento, el fiscal Carlos Palma, a cargo de investigar la manipulación de pruebas contra comuneros mapuches en la denominada Operación Huracán, concluirá la formulación de cargos contra los cuatro actores que el Ministerio Público ha identificado como los responsables del fiasco de Carabineros: Marín junto al exdirector de Inteligencia Gonzalo Blu, como cabecillas, y el capitán (R) Leonardo Osses y el civil Álex Smith como ejecutores. Los tres úl- timos están en prisión preventiva. Otros siete uniformados cumplen otras medidas cautelares.
La investigación inicia así su última etapa justo cuando se cumple un año del quiebre entre Carabineros y el Ministerio Público, que fue clave para evidenciar la falsedad del supuesto software Antorcha a través del cual se habían interceptado los inexistentes mensajes incriminatorios de Héctor Llaitul.
Detención y derrumbe
El 23 de septiembre de 2017, ocho comuneros mapuches, entre ellos Llaitul, fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva, luego de que la fiscalía informara que el grupo se había coordinado para realizar ataques incendiarios y tráfico de armas a través de aplicaciones de mensajería telefónica como WhatsApp o Telegram.
El 19 de octubre de ese año, la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo de los comuneros y ordenó su libertad. A esa fecha, aunque aún no era público, la relación entre la U.I.O.E. y el fiscal Luis Arroyo, a cargo de la indagatoria, estaba rota: Marín había informado una presunta filtración desde la oficina de Arroyo, a través de la abogada Mónica Palma, a los implicados en atentados.
Según consta en la carpeta de investigación, a inicios de octubre de 2017, la Fiscalía Nacional había sido informada de esta situación. Durante ese mes, hasta inicios de noviembre, Inteligencia interceptó el teléfono de Palma y supuestamente encontró mensajes que comprometían a Arroyo, lo que era mentira. Esta crisis derivó en que la Fiscalía Nacional periciara nuevamente los teléfonos de los comuneros y descubriera que las conversaciones que motivaron su detención habían sido implantadas. ●
Inteligencia libera el informe 130 que sustenta la detención de los comuneros.
20 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
El Ministerio Público recibe el informe 202 en que se acusa filtración a los mapuches desde fiscalía.
11 DE DICIEMBRE DE 2017
El fiscal Luis Arroyo se querella contra personal de la Dipolcar.
19 DE ENERO DE 2018