Asilo político a Palma Salamanca
La Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas resolvió conceder asilo político a Ricardo Palma Salamanca, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y uno de los autores materiales del asesinato del senador Jaime Guzmán, en abril de 1991. Palma logró burlar su condena luego de protagonizar en 1996 una cinematográfica fuga desde la Cárcel de Alta Seguridad. Su rastro se había perdido hasta el año pasado, cuando fue detectado en México. Allí mantenía contacto con otro de los frentistas que participó en el crimen de Guzmán, y según las autoridades mexicanas, habrían integrado una banda dedicada al secuestro. Ello motivó que Palma huyera a Francia.
Apenas detectado en suelo francés, las autoridades chilenas iniciaron el proceso de extradición, el que fue autorizado por la Corte Suprema. Dicha audiencia se iba a llevar a cabo el mes pasado, en París, pero fue postergada hasta mediados de diciembre, a la espera de que se resolviera la petición de asilo.
Es evidente que al ser otorgado este beneficio, las posibilidades de que Palma sea extraditado y responda por sus crímenes se encuentra ahora en total entredicho. Pareciera estar en marcha un grotesco proceso de impunidad, justificado en inexistentes consideraciones humanitarias. En el caso Guzmán, Francia ha bloqueado persistentemente la extradición de la ciudadana Marie Verhoeven, mientras que Argentina -bajo la era Kirchner-, también concedió asilo a otro de los frentistas que aparece inculpado en el caso.
En la medida que a Palma se le ha concedido asilo, implícitamente hay un reconocimiento por parte de Francia de que la justicia en nuestro país no es capaz de brindar las garantías necesarias para un proceso justo ni asegurar la integridad del acusado. La culpabilidad de Palma no está en duda desde el punto de vista judicial, más aún cuando se trata de un crimen confeso y además reivindicado por el FPMR. Poner en duda la solvencia de la institucionalidad nacional resulta una afrenta, y brindar protección a personas que han participado en actos criminales atenta contra la noción misma de los derechos humanos, al trabar la acción de la justicia y propiciar la impunidad.
Es acertado que el gobierno haya citado al embajador de Francia en nuestro país para manifestar la profunda molestia por esta situación, y cabría esperar una total unidad de las distintas fuerzas políticas para exigir justicia y no permitir que se agravie la soberanía nacional.