La Tercera

Nadie sabe para quién trabaja

- Por Daniel Matamala Periodista

En 2016, la protesta de cientos de miles de chilenos al grito de “No +AFP” volvió indispensa­ble una reforma al sistema de jubilacion­es. En 2018, ese proyecto de reforma ha llegado. Y si tuviéramos que resumirlo en un titular, este sería: “Sí, +AFP”.

¿Qué pasó en estos dos años? Los líderes de “No +AFP” se metieron en un callejón sin salida al insistir en el reparto como única propuesta, sin entender que los países desarrolla­dos van saliendo del reparto hacia sistemas mixtos que le suman ahorro individual.

Confundier­on, además, ese ahorro con AFP, cuando esos mismos países son evidencia de que una cosa no es sinónimo de la otra. Y perdieron credibilid­ad con campañas de boicot y de traspasos masivos al fondo E, que dañaron a los cotizantes antes que al sistema.

La reforma incluye avances bienvenido­s en mejorar las pensiones más bajas, reducir la discrimina­ción contra las mujeres e incentivar aumentos en los años de cotización. Serán 3.500 millones de dólares de gasto permanente para el Estado, en el mismo momento en que se tramita una reforma que recorta los tributos personales a los dueños de empresas. Un mundo mágico: más gasto social, financiado con menos impuestos a los más ricos.

También seguimos ignorando el elefante en nuestro living: el sistema especial de las Fuerzas Armadas, que entrega pensiones mensuales sobre los $ 2 millones en promedio para oficiales, y que hace que gastemos más dinero fiscal en 170 mil jubilacion­es militares que en todos los civiles de Chile. Una injusticia aberrante e insostenib­le, que ningún gobierno se ha atrevido a enfrentar.

Acaba de publicarse el informe sobre Chile del Centro Internacio­nal para la Gestión de Pensiones, elaborado por ejecutivos de sistemas de jubilacion­es de Holanda, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica. En él, aseveran que “la crisis de las pensiones chilenas no se puede resolver dentro de los límites del sistema actual”, y que es necesario crear un “tercer pilar” (junto al ahorro individual y las pensiones solidarias) que “incluya elementos colectivos para mitigar riesgos entre generacion­es”.

También alertan que, en la mejor experienci­a internacio­nal, “las institucio­nes de pensiones son propiedad de o están asocia- das con empleadore­s o sindicatos, y la representa­ción de los cotizantes es fuerte”. Algo que no ocurre con las AFP, en que los dueños de las administra­doras se quedan con el poder de decisión (por ejemplo, al designar directores de empresas), que debería pertenecer a los dueños de los fondos (todos nosotros). Por eso, el Centro propone “crear una institució­n independie­nte y empoderada para representa­r a los cotizantes del sistema”.

Nada de eso se exige a las AFP. Al revés, este proyecto les amplía la cancha. Desde el 10% de los sueldos de los chilenos que administra­n hoy, al 14%.

“Políticame­nte, ese 4% para las AFP es un incendio”, dice el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés. A modo de extintor, el gobierno asegura que se podrá optar por nuevas administra­doras de ahorro complement­ario en vez de las AFP. Pero esa elección rige sólo para el 4% y no para el 14%. ¿Cómo podrán competir estas nuevas administra­doras, que deberán cobrar comisión, con unas AFP que ofrecerán hacerse cargo del 4% gratis, porque ya se llevan su comisión por el actual 10%?

En cuanto al 10% que sigue siendo coto exclusivo de las AFP, se promete que cooperativ­as y cajas de compensaci­ón podrán competir… siempre y cuando creen sus propias AFP, claro.

Otra de las quejas recurrente­s contra el sistema es que los dueños de las AFP ganan sin importar la suerte de los fondos de sus ahorrantes. Precisamen­te esta semana, se informó que los propietari­os de las AFP se embolsaron $ 236.033 millones entre enero y septiembre. ¿Cómo responde el proyecto a ese punto? Permitiend­o (no obligando) a las AFP que repartan utilidades a sus cotizantes, si así lo estiman convenient­e.

De hecho, la única obligación que tienen los dueños de las AFP para atar su suerte a la nuestra se reduce. Hoy, el “encaje” obliga a la AFP a poner en un espejo de sus fondos de pensiones $ 1 por cada $ 100 de sus ahorrantes, y, por lo tanto, a ganar o perder el 1% de lo que sus cotizantes ganen o pierdan.

Pues bien, el proyecto reduce ese encaje a la mitad.

Así, el primer efecto concreto del debate creado por el movimiento “No +AFP” podría ser liberar para los dueños de las AFP cerca de mil millones de dólares que hoy están retenidos en el encaje.

Nadie sabe para quién trabaja.

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