Más que un arbolito
La llamada “Ley Arbolito”, propuesta por el Ministerio de Agricultura, apunta a embellecer las ciudades y mitigar los efectos del cambio climático, regulando la arborización urbana. Debemos celebrar iniciativas como ésta, bajo el entendido que las ciudades son el principal atajo para contrarrestar el calentamiento global, ya que, según ONU-Hábitat, consumen el 75% de la energía producida en el planeta y generan el 80% de las emisiones de gases efecto invernadero.
Sin embargo, no podemos fijar el debate en la eventual prohibición de especies supuestamente alérgicas, como el Plátano Oriental, lo cual fue desmentido por el ministro Walker, sino más bien en la relevancia que el tema tiene desde el punto de vista urbano, humano y ecosistémico.
Antes que nada, es urgente velar por la protección de la masa arbórea existente en nuestras ciudades, incluidos los plátanos orientales. Si las áreas verdes consolidadas ya son escasas en nuestras urbes, más crítica es la presencia y conservación de grandes y añosos árboles. En este sentido, la ley debiese ser clara en castigar la poda y desmoche indiscriminados, estableciendo mecanismos de capacitación e incentivos regulatorios para que las empresas de telecomunicaciones retiren ese 60% de cables inertes que contaminan nuestros cielos, y se soterren las redes de energía.
Otro aspecto clave debiese ser la promoción de especies nativas y endémicas, no sólo por un tema de identidad y puesta en valor de nuestra flora, sino por un tema más crítico: contar con árboles más resilientes y de menor consumo hídrico.
En un contexto de cambio climático, el recurso agua será cada vez más crítico. Un estudio realizado por el Observatorio de Ciudades UC, hace diez años, advertía que el 35% de la cobertura vegetal de jardines privados del área metropolitana de Santiago era césped, de alto consumo hídrico, y el 37% correspondía a árboles o arbustos, lo que demandaba 91 mil millones de litros de agua al año, equivalentes a $54 mil millones en gasto de riego. Si ello lo proyectamos a los más de 20 millones de m2 de áreas verdes públicas que consumen más de 6,3 millones de litros al año, los municipios gastan casi $4 mil millones al año en riego, y se proyecta que al 2035 ese gasto se duplicará.
Sin duda debemos contar con una ley que promueva, proteja y regule al arbolado urbano, pero no debemos centrar la discusión en las prohibiciones, sino más bien en generar las condiciones y contar con los recursos necesarios para que quienes tienen la tuición sobre el espacio público entiendan la importancia y prioridad de nuestros árboles.