El gobierno frente a la crisis de Gendarmería

La autoridad no debe consentir un paro ilegal, si bien es reprochable el escaso avance por resolver los problemas de la institución.

La huelga que iniciaron los funcionarios de Gendarmería a partir de la madrugada del lunes ha provocado -como era previsible- una serie de trastornos en el funcionamiento de los tribunales de garantía, además de poner en riesgo la custodia de la población penitenciaria, lo que de suyo reviste un hecho de especial gravedad.

No resulta aceptable que una repartición pública haya recurrido a extorsiones de esta naturaleza para conseguir la aprobación de un pliego de peticiones, por legítimo que éste pueda ser. Nuestro ordenamiento jurídico expresamente prohíbe que los servicios que provee el Estado se vean interrumpidos, y sin que ello sea totalmente depuesto el gobierno no debería consentir en una mesa de negociación, ya que ello implicaría validar formas de presión inaceptables en un estado de derecho. Los paros en los servicios públicos lamentablemente se han convertido en una eficaz arma de negociación, a costa del interés de los ciudadanos, lo que ha sido fomentado por distintas administraciones, que han sido incapaces de hacer cumplir la ley.

Sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia debe abocarse a terminar con esta movilización ilegal, parece un hecho irrefutable que la situación que se vive al interior de Gendarmería resulta a estas alturas crítica, porque existen demandas del personal largamente postergadas y desde el punto de vista de las prioridades políticas, la suerte de esta institución aparece irrelevante. Una clara señal de esto último es que la directora del servicio que nombró esta administración apenas duró unos meses en el cargo, sin que se haya nombrado un director titular.

Bajo la administración anterior salieron a la luz pública una serie de irregularidades, como las desproporcionadas jubilaciones que lograron obtener una serie de funcionarios, valiéndose de artimañas jurídicas que fueron desacreditadas por la Contraloría y luego por la Corte Suprema. El Ministerio de Justicia de la época ordenó una urgente “intervención” de la institución, pero ello no pasó de ser una maniobra efectista, que produjo escasos resultados; también fue objeto de escándalo las revelaciones de que la ministra de la época dio instrucciones directas al director de ese momento para la contratación de una serie de funcionarios. Bajo el actual gobierno se constituyó una mesa de negociación con el fin de tratar los problemas de la carrera funcionaria y una mejora en las condiciones en que el personal de Gendarmería presta labores. Si bien ello logró desactivar una amenaza de paro en el mes de junio, el conflicto que acaba de estallar sugiere que no se han logrado avances, lo que implica un valioso tiempo perdido.

Pese al rol clave que juega la institución de Gendarmería -solo en régimen cerrado debe velar por la custodia de unas 51 mil personas-, esta repartición ha sido tradicionalmente vista como un botín político, produciéndose la escandalosa situación de que incluso aparece asociada a determinados partidos políticos. Esta captura por parte de intereses creados debe ser definitivamente erradicada; sin una auténtica profesionalización de este servicio será impracticable que éste se pueda modernizar y operar de acuerdo a los estándares que demanda el buen funcionamiento del Estado.