El otro frentista que Francia se negó a extraditar
La planificación del escape duró más de un año. Cuando el 30 de enero de 1990 el exfrentista Francisco Peña Riveros se fugó junto a otros 48 prisioneros vinculados a delitos políticos de la entonces Cárcel Pública de Santiago, el túnel de 60 metros de largo y 50 centímetros de diámetro llevaba varios meses en construcción. Los subversivos que idearon la huida partieron cavando con tenedores y cucharas, construyeron luego un sistema de ventilación artesanal y, finalmente, un sistema eléctrico que les permitió continuar avanzando.
La noche en que Peña Riveros recuperó la libertad, se encontró con un grupo de ayudistas que lo trasladó en una micro a casas de seguridad y que le dejó boletos de metro, algo de ropa y dinero para locomoción. Tras un año en la clandestinidad, Peña Riveros, al igual que otros frentistas, eligió Francia como lugar de residencia. Desde allí, la Corte Suprema solicitó extraditarlo en 2014, sin tener éxito. Es el precedente más directo de lo que probablemente ocurra con Ricardo Palma Salamanca el próximo 12 de diciembre, cuando la Corte de Apelaciones de París revise la petición hecha por Chile.
Peña Riveros había sido condenado en Chile en ausencia a presidio perpetuo en la causa por la sustracción del entonces menor Gonzalo Cruzat en 1984. Se trata de uno de los primeros secuestros del Frente: en abril de 1984, mientras Gonzalo, de 11 años, esperaba locomoción colectiva en la esquina de su casa, en Las Condes, fue forzado a subir a un vehículo y trasladado a un sótano que medía 1,90 por 1,50 metros. Allí estuvo durante cuatro días y medio, hasta que su padre, el empresario Manuel Cruzat, entregó los $ 30 millones y US$ 200 mil que se exigió como rescate. Además, el exguerrillero tenía otras sentencias por asociación ilícita por la irrupción a una armería y a una agencia italiana de noticias, que sumaban otros 18 años de presidio y dos penas de 541 días.
Cuando se activó, por fallo unánime de la Segunda Sala de la Corte Suprema, el trámite de extradición, Peña Riveros y su familia contaban con la condición de asilo a través de un visado especial que concedió François Mitterrand a los presos políticos.