Mineduc buscará ampliar plazo de acreditación que complica a 12 Ues.
Se intenta corregir el escaso margen que tendrán los planteles para realizar su fase de autoevaluación.
La Ley de Educación Superior establece exigencias más específicas para la acreditación de las instituciones, entre ellas su obligatoriedad, con el objetivo de mejorar la calidad del sistema. Esos criterios deben estar definidos en octubre de 2019 y, en enero, dos meses después, regirán para todos los nuevos procesos de acreditación.
Pero esta condición mantiene en alerta a varios planteles, ya que antes de iniciar el proceso, estos deben hacer una autoevaluación para cumplir con los requisitos exigidos, lo que normalmente tarda entre uno y dos años, pero que ahora se redujo a unos meses. Y si esa autoevaluación no es bien hecha, podrían reducir su acreditación.
En ese estado están 27 instituciones de educación superior, entre ellas 12 universidades, que deben renovar su acreditación en 2020. Por eso, el jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, anunció que presentarán un proyecto de ley que corrija el plazo.
“Hemos decidido tomar el toro por las astas y empezar a trabajar en una suerte de ley miscelánea (para corregir detalles de otras leyes), que permita una transición adecuada. Eso, sin duda quedó mal, porque no podemos obligar a las instituciones a acreditarse con estándares que todavía no conocen”, dijo en un seminario del foro educacional Aequalis.
El presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Alfonso Muga, explicó que “las instituciones tienen que hacer un trabajo previo de autoevaluación, hecho por ellas mismas, conforme a pautas que la CNA tiene que definir, lo que en un escenario optimista ocurriría en octubre de 2019. Pero los estudios de autoevaluación toman uno o dos años”.
Afectados
Entre los planteles que se podrían ver afectados, pues deben renovar su acreditación en 2020, están las universidades Mayor, de Santiago, Católica del Maule, Adolfo Ibáñez, Católica de la Santísima Concepción y Santo Tomás, además de las universidades estatales de Los Lagos, Atacama, de La Serena y la Utem.
El rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, afirmó que “el solo hecho de establecer estándares, colocarlos a nivel nacional, verificarlos internacionalmente y dar cuenta en la comunidad, toma un año. No es posible cumplir con esos plazos establecidos”.
Añadió que ya están trabajando en la autoevaluación, pero en base a suposiciones sobre los criterios que les podrían exigir. Lo mismo está haciendo la U. Católica de la Santísima Concepción, cuyo rector, Christian Schmitz, advirtió que “esa incertidumbre genera un desgaste en la gestión en el proceso de autoevaluación”.
“La Ley de Educación Superior fue aprobada con una premura excesiva, con procesos de reflexión que no fueron suficientes e improvisándose especialmente en la fase transitoria del aseguramiento de la calidad, y hoy nos encontramos con un escenario que genera incertidumbre e inseguridad, pero que, por sobre todo, no es realista. Eso denota un trabajo mal hecho de los parlamentarios, los asesores y el gobierno anterior”, agregó.