Arresto de alumnos del INBA abre foco de debate por Aula Segura
A sancionados con detención domiciliaria se les imputa desórdenes y lanzamiento de elementos incendiarios.
Con arresto domiciliario total quedaron ayer tres estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA), todos menores de edad, que fueron detenidos en los incidentes ocurridos a las afueras del establecimiento, el lunes reciente.
Durante la audiencia de control de detención, el fiscal Manuel Zúñiga dio cuenta de los delitos que se les imputaron: desorden público grave, además de porte y lanzamiento de elementos incendiarios.
Un cuarto involucrado quedó bajo vigilancia del Sename.
Los cargos detallados por el persecutor en contra de los estudiantes son justamente parte de los argumentos planteados por el gobierno para impulsar el proyecto de ley Aula Segura (ver nota en página 8), que busca dotar de un marco legal a los directores de colegios para sancionar con la expulsión a quienes cometan actos delictivos en los establecimientos escolares.
Sin embargo, en relación a la necesidad del proyecto, la directora del doctorado en educación de la UAH-UDP, María Teresa Rojas, señaló que “es una ley innecesaria. Tal como la presentó el Ejecutivo inicialmente, es una ley de expulsiones para situaciones de violencia, como los artefactos incendiarios, pero si los jóvenes (del INBA) fueron marginados sin aquella ley, es porque hay legislación suficiente para tomar esas decisiones”.
Desde el gobierno defendieron la necesidad de legislar en esta materia y comentaron que lo sucedido ayer es una excepción. “Du- rante los últimos meses, y con aproximadamente más de 250 detenidos hasta la fecha por hechos de violencia en los liceos emblemáticos, solo cuatro de ellos han quedado con esta medida cautelar de arresto domiciliario total. Estamos, lamentablemente, frente a una situación extremadamente esporádica. Sin perjuicio de lo anterior, hay que tener claro que lo que establece y a lo que apunta Aula Segura no es fijar algún tipo de condena penal frente a estos graves hechos, sino que facultar a los directores para poder ejercer las medidas disciplinarias al interior de sus colegios”, dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
La diputada integrante de la Comisión de Educación María José Hoffmann (UDI), quien apoya el proyecto, dijo que “el vacío que existe hoy permite que puedan ocurrir este tipo de situaciones, donde se exceden los plazos y los estudiantes incluso pueden perder el año escolar”.
El proyecto Aula Segura en estas semanas ha enfrentado una intensa discusión política, y uno de sus principales impulsores ha sido el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, quien “valoró” la decisión que tomó la justicia.
“Estos actos, como los ocurridos ayer (lunes) en el INBA, no pueden continuar quedando impunes. Es una buena medida, va por la línea correcta. Ya no más impunidad frente a estos hechos delictivos que estamos viendo a diario en nuestros colegios. Por eso, también hago un llamado a los diputados para que tramiten con prontitud el proyecto de ley de Aula Segura”, indicó.