La herencia que convulsiona a Concepción
A su muerte en diciembre de 2017, el ingeniero Luis Antonio Bravo tenía numerosas propiedades, $ 2.500 millones en depósitos y cuentas, más una serie de acciones, un pozo que abrió el apetito de varios.
El día en que Luis Antonio Bravo falleció, en Concepción, fue como cualquier otro. En la clínica Sanatorio Alemán, donde permanecía internado, su deceso por neumonía y mieloma múltiple no tuvo mayor impacto: con 86 años, el desenlace era esperado. Y sin familiares directos que lo lloraran, murió a las 4.59 del 9 de diciembre de 2017, sin que el mundo se enterara. Aunque, en rigor, no fue tan así.
Bravo, hijo de padre desconocido y de Bertina Bravo, estuvo casado con María Estrella del Rosario, fallecida en 2016. Y sin hijos, herma- nos o sobrinos conocidos, tenía un patrimonio de casi $ 7 mil millones, similar a la indemnización que el grupo Matte debió entregar por la colusión del confort o al dinero que el Fisco invirtió en la visita del Papa Francisco.
Y cuando este “detalle” se hizo conocido, la historia comenzó a tomar forma.
La fortuna
Nacido en Pencahue, en 1931, Bravo se tituló de ingeniero civil eléctrico y trabajó en la siderúrgica Huachipato de Talcahuano, donde un despido masivo lo llevó a contar con un imprevisto dinero que luego invirtió en compañías como Copec. Con el paso de los años, esa gestión lo convir- tió en millonario.
A su muerte contaba con más de 10 propiedades en el Biobío, otras tantas en La Serena, $ 2 mil millones en depósitos a plazo del Banco de Chile, $ 500 millones en cuentas bancarias, además de acciones: un pozo que abrió el apetito de varios. Hoy existe constancia de un testamento falso de una supuesta amante -habría varios más, pagarés inventados que intentaron ser cobrados sin éxito, una acción judicial en curso porque habría testado en su lecho de moribundo y un aviso de herencia vacante en Bienes Nacionales. Además, se estaría en la búsqueda de dos sobrinos en Talca que cumplirían el requisito de sexto grado de consanguinidad, mientras la fiscalía mantiene investigaciones para dilucidar quiénes han mentido en esta historia.
Los herederos
En abril de este año, el abogado José Ignacio Castillo presentó ante el Ministerio de Bienes Nacionales una denuncia de herencia vacante. Esto es una alerta para que el Fisco se quede con los recursos de una persona que fallece sin herederos. Quien da el aviso recibe el 30% del patrimonio, es decir, más de $ 2 mil millones. “Me había llegado información sobre este señor y corroboré que tenía muchas propiedades. Hasta un sexto grado de consanguinidad hay herederos, pero no tengo conocimiento de nadie en esta condición, aunque han surgido desde testamentos falsos a uno privilegiado, oral, que es muy excepcional”, dice Castillo.
Efectivamente, el abogado Gonzalo Camiruaga presentó ante tribunales, en diciembre de 2017, una gestión voluntaria de otorgamiento de testamento privilegiado, que da cuenta de que en sus últimos días, Bravo había optado por entregar sus activos. El texto, rechazado en primera instancia y validado luego por la Corte de Apelaciones, sostiene que Bravo, a tres días de morir, había afirmado ante tres testigos, viejos amigos, que deseaba que “todos sus bienes fueran distribuidos en partes iguales” entre Nélida López, su asesora del hogar durante 40 años, y Alejandro Piñeyro, Pedro Rivera, Pedro Cáceres y Octavia Dinelli, familiares de la fallecida esposa de Bravo.
¿Por qué, pese al diagnóstico de una enfermedad mortal, Bravo no realizó un testamento y solo en sus últimas horas pronunció esos nombres? Esa y otras preguntas llevaron a Castillo a denunciar el testamento ante el Ministerio Público.
El fiscal Nelson Vigueras tomó el caso y ha estado interrogando a los involucrados. Un testigo clave es el contador de Bravo, quien asegura que el anciano no deseaba traspasar su fortuna y que quienes se atribuyen la calidad de herederos se reunieron varias veces a planificar qué hacer. Los implicados admiten estos encuentros, pero afirman que solo hubo afán de coordinación.
La silenciosa amante
Las circunstancias transformaron a Luis Antonio Bravo en un gran deudor y en un hombre que por años mantuvo una intensa doble vida.
En septiembre fue demandado en La Serena por Juan Carlos Alarcón, ciudadano australiano que aseveró que este le debía $ 1.723 millones correspondiente a un pagaré. Según el reclamo, desde enero de 2003 Bravo mantenía un compromiso pecuniario que se pagaba cada 7 de enero. La obligación vencía en 2022. En 2018 dejó súbitamente de cumplir con su deber y entonces fue requerido judicialmente.
La Fiscalía de La Serena ya corroboró que los timbres de notaría de los pagarés son falsos.
Otro personaje en esta historia es Rosa Pérez Verdugo. La mujer tramitó la posesión efectiva de una antigua sucesión de Bravo. Se supone que en 2000, con 68 años, el ingeniero habría realizado en secreto un escrito ante el notario Sergio Rodríguez, de Santiago, en que nombraba dos herederas: su esposa y su amante. Si una de ellas fallecía, la otra se quedaba con todo.
Sin embargo, el repertorio 1479-2000, de fecha 26 de julio del año 2000 de la Notaría de Santiago de Sergio Rodríguez Garcés, no corresponde a un documento de Bravo, sino al testamento de otra persona. El amor de Rosa resultó ser otra mentira.
Mientras la fiscalía continúa las investigaciones, el Registro Civil agregó otra dificultad a quienes buscan quedarse con los $ 7 mil millones. En respuesta a la fiscalía, detalla que en la partida de nacimiento de Bravo se indica como madre a Bertina Bravo, quien no registra defunción. Así, sin certeza de que la madre –la heredera consanguínea que hoy tendría más de 100 añoshaya muerto, no se puede repartir el botín. ●