UN FALLO INSOSTENIBLE EN EL TIEMPO
SEÑOR DIRECTOR
La Corte Suprema dictó un fallo en que ordena a Fonasa la adquisición de un medicamento para un niño que sufre Atrofia Muscular Espinal, fármaco cuyo costo alcanza los $ 900 millones para los tres años que considera el tratamiento.
De acuerdo al fallo, las consideraciones económicas “no debieran invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida” de una persona, y, dado que el medicamento podría evitar la muerte del niño, ha declarado que procede su adquisición inmediata.
Sin duda los jueces fallaron con la mejor intención, ante un caso dramático. Dicho esto, la decisión es insostenible en el tiempo, ya que, de extenderse a las decenas de miles de casos en que personas necesitan desesperadamente la adquisición de fármacos de altísimo costo para evitar la muerte, se llegaría rápidamente al colapso del presupuesto de salud.
Dado que los costos en salud son siempre mucho más altos que los recursos disponibles, un reporte del año 2014 de la OMS sugiere orientaciones para establecer –de una manera éticamente plausible— prioridades para asignar recursos en salud. De acuerdo a la OMS, dos principios que debieran informar estas (siempre trágicas) decisiones son que la cobertura esté basada en la necesidad, especialmente de los más desfavorecidos, y que generen la mayor mejora universal de la salud del país.
El problema de entregar a las cortes la decisión de decretar la adquisición de medicamentos caso a caso –sin considerar el presupuesto total en materia de salud— es que se puede llegar a resultados como el que reportan Norheim y Wilson (2014) para el caso de Costa Rica, en que en menos del 3% de los casos en que las cortes ordenaron la adquisición de medicamentos, ellos habrían sido considerados de alta prioridad, de acuerdo a los criterios de “efectividad clínica, costo-efectividad, y severidad de la enfermedad”.
Por lo dicho, la Corte Suprema debiera revisar si el decretar la adquisición de fármacos en una modalidad “caso a caso”, sea la mejor forma de cautelar el derecho a la vida y la salud de todos los chilenos.
Javier Couso
Profesor Facultad de Derecho UDP