Más allá de “Aula Segura”
El proyecto de ley Aula Segura, recien aprobado en el Congreso, es una oportunidad para reflexionar sobre la situación de violencia que viven las escuelas del país, y no sólo la ejercida por los 20 activistas de los “overoles blancos” de ocho colegios de Santiago. El problema de fondo -que tiene que ver con una sociedad desigual, una educación en crisis y falta de diálogo- no se resuelve con un proyecto de ley. Esta situación tiene un fuerte asidero en la promoción de una legislación garantista para alumnos y apoderados, que ha empoderado a jóvenes y sus familias, imponiendo relaciones simétricas de poder entre alumnos y profesores.
Este empoderamiento ha llevado a que los profesores estén indefensos y temerosos ante menores de edad o sus familias, ya que carecen de protección legal y apoyo de las autoridades.
Muchas escuelas viven situaciones límites. Según la Superintendencia, de los 745 estudiantes expulsados durante este año, el 37% fue por porte de armas y consumo o tráfico de drogas. Se trata de jóvenes y sus familias que son un peligro para la comunidad educativa. Estos son problemas judiciales no disciplinarios, que pueden inmovilizar a una escuela y ser imitados por otros adolescentes.
A estos casos extremos no llegan las experiencias educativas, porque están fuera de las condiciones de escuelas y competencias de profesores. Las simples sugerencias de modificación del reglamento interno y manual de convivencia, no da resultados en escuelas dominadas por alumnos y apoderados violentos. Resolver estos casos con programas preventivos, con medidas formativas y con equipos interdisciplinarios es muy poco seguro. Ni siquiera países ricos y desarrollados como Estados Unidos y Gran Bretaña han logrado tener éxito en esta tarea. La idea de no legislar sobre estos casos límites, porque son pocos, no es conveniente. El efecto pares no funciona ante estas situaciones límites y pueden atentar contra la vida de alumnos o profesores, y no sabemos si en ese caso la escuela -impedida de expulsar alumnos durante el año y sin un largo proceso burocrático- será la responsable por no evitar una desgracia.
Cautelar el derecho a la educación es un deber de la escuela, que tiene la obligación moral de hacer todo lo que esté a su alcance por cumplirlo. Pero la escuela no hace milagros. El Estado tiene el deber de respetar este derecho, no sólo legislando. Debe crear instancias educativas especiales. Éste no es un acto punitivo o de discriminación para crear ghettos. Deben ser oportunidades privilegiadas para casos extremos.
Aquí no está en cuestionamiento el derecho a la educación. Al contrario, es para cumplirlo.