Demasiadas preguntas, pocas certezas
Han pasado casi tres días desde que ocurriera la trágica muerte de Camilo Catrillanca, joven mapuche de 24 años, en las que aún parecen inexplicables y confusas circunstancias. Esto ha gatillado una escalada de violencia en la zona, protestas en distintos lugares del país, un anuncio de interpelación al Ministro del Interior y ánimos en el mundo político que se han ido crispando conforme pasan las horas, más antecedentes se conocen y más dudas se generan.
Creo que la magnitud de la tragedia no da para que ningún sector intente sacar dividendos políticos. Son demasiados años en que la promesa de un nuevo trato con el pueblo mapuche se ha postergado, y lo cierto es que parecía que el actual Ejecutivo había logrado encontrar un camino, aunque como es de suponer en procesos sociales complejos, de precario equilibrio. No era muy difícil anticipar que cualquier costo humano que se produjera a partir de la actuación del ya cuestionado y mal llamado “Comando Jungla” se traduciría en un retroceso importante. Son muy recientes los recuerdos de las muertes y los cuestionados procesos investigativos que siguieron para los casos de Álex Lemún y Matías Catrileo. También es muy reciente el desastre que significó la “Operación Huracán”, donde finalmente la causa se cerró por manipulación de las pruebas. En un contexto de desconfianza en las instituciones, poner en tela de juicio el Estado de derecho mediante una inadecuada aplicación de la justicia es un problema grave, porque este es un vector central de la democracia.
No hay duda de que el actual gobierno había alcanzado un avance importante mediante el “Acuerdo nacional por el desarrollo y la paz en La Araucanía” liderado por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, porque tras meses de visitas a la región y de diálogo con las comunidades, había logrado por fin arribar a un camino de solución, con una hoja de ruta clara en una alianza multiactor. No obstante, el gobierno también hizo una apuesta arriesgada al tomar la decisión política de llevar a la zona a un comando entrenado especialmente para enfrentar al terrorismo, en un lugar donde distintas agencias internacionales, entre ellas Naciones Unidas, ya habían manifestado preocupación por el uso excesivo de la fuerza contra el pueblo mapuche.
En tal contexto, es preciso que las interrogantes que se han planteado puedan ser resueltas mediante mecanismos institucionales que actúen con celeridad y que le den confianza al país entero: ¿por qué actuó una policía especial si se ha señalado que lo que se perseguía era un delito común? ¿Dónde están las víctimas del delito común que se estaba persiguiendo? ¿Es posible que alguien que se encontraba manejando un tractor se encontrara huyendo de la policía? ¿Por qué, si supuestamente había un enfrentamiento, Catrillanca recibió disparos por la espalda y en la cabeza? ¿Por qué no se respetó el debido proceso en la detención del menor que acompañaba a Catrillanca? (por el cual la defensora de la niñez y el INDH han anunciado acciones judiciales).
Sin duda es preciso esperar que las instituciones hagan su labor, pero en momentos de equilibrios precarios en una zona como La Araucanía y de desconfianza en las instituciones, es imperativo para la democracia que impere la transparencia y se imponga cuanto antes la verdad. Ese es el único camino para que resurja el diálogo.