Fiscales en La Araucanía
Los hechos: tres profesoras son asaltadas, bajadas de sus vehículos, agredidas junto a dos niños y los delincuentes huyen con sus tres autos; alertados los carabineros reaccionan con la mayor rapidez y desde un helicóptero institucional se avista a los delincuentes escondiendo el producto del delito; un grupo de policías se dirige al lugar, ubicado en la comunidad Temucuicui, donde son recibidos con disparos. Los carabineros repelen el ataque y en la refriega un comunero recibe un disparo que le causa la muerte.
¿Esto está acreditado judicialmente? No, pero es la versión oficial y formal de los funcionarios públicos que, actuando dentro de su competencia y por mandato legal, acudieron a la denuncia de un delito flagrante. Desde el punto de vista judicial, político y ciudadano, existe o debiera existir una presunción a favor de este relato, en virtud de la cual debieran tomarse las primeras medidas, especialmente en el ámbito de los órganos del Estado.
¿Puede ser falso este relato? Por supuesto, es posible que todo haya ocurrido de una manera completamente diferente; puede ser que los carabineros hayan usado la fuerza de manera desproporcionada, que hayan disparado sin provocación alguna, que hayan torturado y ejecutado a una víctima. Puede ser, pero estamos en un estado democrático de derecho y, en este puntilloso sistema de potestades y responsabilidades, eso hay que acreditarlo en el proceso judicial, mediante una investigación realizada por los medios y en la sede que corresponde. Hasta que eso no ocurra, hay una verdad provisional: la de los funcionarios públicos competentes.
Si hay diputados que no creen a los carabineros, si la llamada Operación Huracán mermó su confianza en la policía uniformada, eso justificaría que demanden una investigación más acuciosa, pero en ningún caso que repartan responsabilidades como han hecho. Menos aún, me parece, que el Ministerio Público designe dos fiscales, uno especializado en causas de derechos humanos y otro para investigar el delito “común”.
Santos Discépolo, en Cambalache, dice que en esta sociedad nuestra “todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor”. Pero el estado de derecho no funciona así; en él, un documento formal emanado de un funcionario competente vale más que las notas y cuñas de prensa. ¿Cuál es el antecedente concreto que permite sospechar una violación de los derechos humanos; quién se hace jurídicamente responsable de esa imputación? Nadie.
La galería grita fuerte y lo políticamente correcto cada vez más somete a las instituciones. Pero para que nuestra democracia funcione, no puede ser lo mismo un carabinero que un encapuchado; no podemos tener una democracia a lo Cambalache.