Profunda modificación en alto mando del Ejército

La reciente conformación del alto mando del Ejército vino acompañada de una consecuencia poco común y por cierto compleja para el devenir de la institución castrense. En efecto, el pase a condición de retiro de 21 generales -algo menos de la mitad del total- fue ejecutado por el mando militar a partir de la fijación por parte del propio Presidente de la República de la perentoria condición que en la conformación de ese mando no existiere riesgo, o al menos éste se acotara, en el sentido que sus integrantes se puedan ver afectados por circunstancias procesales análogas a aquellas que significaron la renuncia de quien hasta hace poco ocupara la jefatura del Estado Mayor, el segundo cargo más relevante en la orgánica institucional.

Es un hecho público que la investigación llevada a cabo por la ministra de la Corte Marcial sugiere la existencia de delitos funcionarios, una de cuyas aristas dice relación con la forma y modo en que durante años se hizo uso de los derechos y obligaciones que surgían, para las FFAA y de Orden, del reglamento que las norma. Cabe no perder de vista que la investigación se encuentra en una etapa preliminar, sujeta a normas añosas del antiguo proceso penal, quedando aún diversas etapas en manos de la propia investigadora, además de recursos e instancias judiciales, no siendo posible hablar en este estadio procesal de convicción definitiva ni tampoco asumir que todos los generales pasados a retiro están involucrados en los hechos. Asimismo, los imputados y procesados intentarán, en uso de sus derechos, probar que lo obrado se hizo bajo la confianza legítima de actuar conforme a derecho.

Sin embargo, a la luz de los antecedentes públicos parece razonable la forma en que han actuado las autoridades civiles y militares del ámbito de la defensa. No resulta prudente, para quienes por disposición constitucional y legal poseen responsabilidad en los ascensos y destinaciones, permanecer neutrales frente a hechos que pueden dañar el funcionamiento de una institución básica para el desarrollo del país. La ciudadanía ciertamente estará atenta a los anuncios de modificación de las normas que posibilitaron la actual situación, confiando en un rol más proactivo tanto de los órganos fiscalizadores internos así como del Ministerio de Defensa y la Contraloría. En este último caso, sorprende una vez más que una denuncia, de casi una década, no hubiere tenido trámite, siendo indispensable despejar con prontitud las razones de ello.