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El general (R) Óscar Izurieta envió una carta al presidente de la Comisión investigadora sobre lo ocurrido en el FAM, que también indaga la fiscalía.
El 23 de octubre pasado, el contralor Jorge Bermúdez llegó hasta la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre mutuales vinculadas a las FF.AA., presidida por el socialista Leonardo Soto. Ese día, el contralor entregó un informe, firmado por el general de brigada (R) y exjefe de la IV División del Ejército, Fernando San Cristóbal, que aludía al Fondo de Ayuda Mutua (FAM) del Ejército, actualmente investigado no solo por la Cámara, sino también por la fiscalía, producto de eventuales pagos irregulares.
El FAM fue un pozo común que mantuvieron los efectivos que permanecían en la zona. Estos recursos privados tuvieron su fin en 2006, luego de que quebrara y no se pudiera cancelar a un grupo importante de contingente militar. A partir de esto, se indaga el posible uso por parte de la institución de fondos fiscales para cancelar esta deuda.
Por lo mismo, el informe que presentó Bermúdez encendió alarmas en la comisión. En una de sus páginas, el texto reservado asegura que “en el año 2008 el comandante en jefe del Ejército impartió orientaciones a la Dirección del Personal para operacionalizar soluciones que se pudieran aplicar a cada uno de los integrantes, en busca de resarcir en alguna medida los fondos aportados, buscando minimizar el impacto por el cese del FAM”.
Lo anterior motivó que el diputado Soto solicitara una respuesta a quien era el comandante en jefe del Ejército en 2008, general (R) Óscar Izurieta, la cual llegó por medio de una carta el pasado 16 de noviembre, y a la que tuvo acceso La Tercera.
En la misiva, Izurieta comenta que existieron “medidas” por parte del Ejército para apoyar a la IV División, luego del cierre del FAM. Además, las justifica señalando que había dos “razones” para “enfrentar, sin dilación, esta situación: 1) es inherente a la responsabilidad del mando mantener la moral del personal. La frustración de muchos era verdadera y justificada. Si bien se trataba de una situación privada, el Ejército no podía desentenderse totalmente del problema, ya que, a través del tiempo, los mandos del Regimiento, de la Brigada y finalmente de la División, habían intervenido, normando algunos aspectos, publicando lo referido al FAM en las respectivas Órdenes del Día y utilizando la estructura financiera fiscal. 2) La IV División es una unidad de frontera, muy aislada, responsable de una extensa área jurisdiccional, frente a los Campos de Hielo, lo que le demanda tener un alto estándar operacional, el que no se podía poner en riesgo por falta de cohesión y baja moral”.
En su carta, Izurieta asegura que las cuatro medidas que se aplicaron a partir de 2008 eran de carácter “excepcional” y todas “dentro de las facultades legales y reglamentarias”.
Según los expresado por el ex comandante en jefe, las soluciones fueron: dar “prioridad” al personal de la IV División en los “relevos” en Haití, Bosnia y Herzegovina y Chipre. Segundo, “que al personal muy antiguo, que no tenía cabida en los despliegues de paz, se le autorizara, siempre que su desempeño lo ameritara, a permanecer hasta los 33 años de servicio”. La tercera medida apuntaba a que al personal, si voluntariamente lo solicitaba, se le autorizaba a permanecer en Aysén hasta por tres años más. La última medida tenía que ver con optimizar las fechas de paso a retiro. ●