RECLAMO DE RECTORES POR FONDO DE GRATUIDAD

Los problemas de esta política eran previsibles desde el comienzo, por lo que seguir extendiéndola parece poco prudente.

5

Estas últimas semanas se ha observado el despliegue de varios rectores presionando al gobierno por más recursos para las universidades. Primero fueron las universidades estatales, a propósito de la tramitación del presupuesto 2019, y más recientemente, el Consejo de Rectores (Cruch) ha comenzado a pedir un alza de los aportes fiscales para paliar los crecentes déficits que está dejando la gratuidad, y que se espera se agraven a partir del próximo año.

Aun cuando se trata de una situación compleja, lo que está ocurriendo hoy fue anticipado por diversos especialistas y, de hecho, fue una de las principales críticas durante la tramitación de la ley que introdujo la gratuidad en la educación superior. Los rectores lo sabían y aun así decidieron libremente adherirse a esta política. La fijación de aranceles que impone la gratuidad inevitablemente provoca la merma de recursos que se ha ido observando, y el dejar al Estado como exclusivo financista genera irremediablemente la presión por el aumento del gasto público. Ello, sin embargo, no es compatible con el resto de las necesidades que tiene el país en ámbitos como la infancia, salud o vivienda, por mencionar sólo algunos. Y tampoco es compatible con la noción de “poner a los niños primero”, alternativa que una mayoría ciudadana respaldó en los últimos comicios presidenciales.

Aunque es deseable que los rectores no sólo se muevan por sus propios intereses, sino también por el bienestar general del país, también es cierto que hoy existen mecanismos que ayudarían a contener los problemas que está provocando la gratuidad. La solución, sin embargo, no pasa por seguir forzando las arcas fiscales, sino que justamente lo contrario. En primer lugar, eliminando la fijación de aranceles que la ley impone sobre los estudiantes que aún no son cubiertos por la gratuidad y por quienes exceden de la duración nominal de sus carreras. Al sexto año de estudios, no parece un despropósito que el alumno se pueda financiar con una beca, crédito o bien con su propio trabajo. Pretender, en cambio, como lo han hecho los rectores, que el Estado siga aumentando los recursos para financiar su educación superior, sólo es una medida que pronto se hará insuficiente y nos hará volver al punto de partida.

A la luz de la experiencia internacional y de lo que se ha visto en estos últimos años en el país, parece sensato frenar la extensión de la gratuidad hacia los alumnos de más altos ingresos y acotarla a los más desaventajados económicamente. Ello permitiría compatibilizar el financiamiento público y privado de la educación superior, descomprimiendo la presión sobre el presupuesto fiscal y dejando espacios para enfrentar otras urgencias sociales. Y dejaría al país con un sistema de financiamiento estudiantil mucho más justo y sostenible económicamente: gratuidad para quienes pertenecen al 60% más pobre de la población durante la duración nominal de su carrera y becas y créditos subsidiados por el Estado para apoyarlos si es que exceden dicho plazo, así como también para el resto de la clase media y quienes requieran de ayuda para costear sus estudios.