Crisis uniformada: la oportunidad
La última esperanza que tenía La Moneda de salir jugando en la crisis de La Araucanía se está apagando. La encuesta Cadem de esta semana muestra una caída estrepitosa en la popularidad presidencial, y una asignación de responsabilidades claras al gobierno en el episodio de la muerte de Camilo Catrillanca. La versión original de un enfrentamiento que fue repetida sin mayor chequeo por todas las autoridades civiles, incluyendo al entusiasmado ex intendente de La Araucanía, al caerse arrastró tras sí también la credibilidad del gobierno que cometió la inocencia, al igual que administraciones anteriores, de creer todo lo que venía del mundo policial. La opinión pública sumó a la indignación por el crimen, el estupor por el poco control de las autoridades civiles en un tema del que la derecha se ha jactado que entiende mejor que sus adversarios.
La crisis amenaza con extenderse al Ejército. Las revelaciones de su comandante en jefe en una reunión con su institución sobre personal uniformado que vende armas a narcotraficantes son de una gravedad que ameritaba alguna acción más allá de un regaño en privado por el sorprendido ministro Espina. El mundo de la clase media emergente urbana, que votó esta vez por Piñera por la promesa de seguridad y crecimiento explosivo, puede reaccionar ante esto con un rechazo crónico. La mezcla entre la decepción por el desempeño económico y la imagen de ministros que se convierten en cómplices pasivos de las bandas delictuales cada vez más armadas, es fatal para el gobierno.
La filtración del audio de dicha reunión mezclada con la explicación del general director de Carabineros sobre un subordinado suyo que destruye evidencia de un crimen para proteger su intimidad sexual, muestra que a los uniformados poco les vale el control ciudadano sobre sus actos. El poder de fuego que tienen ambas instituciones hace que no sea comparable a casos de corrupción en otras instituciones públicas. La pusilanimidad de las autoridades civiles ante la profunda descomposición moral que significan ambos hechos es más grave aún.
Esta vez, a diferencia del 2011, donde la oposición de entonces decidió de manera unánime convertirse en groupie del movimiento estudiantil, el gobierno no tiene al frente a un bloque que reacciona de manera coral. El hecho de que en el oficialismo ya nadie hable de 8 años en el gobierno, sino de cómo se las arreglan con un José Antonio Kast que crece y crece, ha hecho surgir el hambre y las agendas propias en la oposición. Curiosamente, eso es una oportunidad para Piñera de olvidarse un rato de las manías de grandeza que lo llevó a fotografiarse con el ahora inexistente Comando Jungla.
El Presidente tiene dos posibilidades. La primera, que es plantear el hecho cierto que toda esta crisis viene de mucho antes, algo que complacerá a los suyos y fortalecerá aún más su caída en las encuestas. Una segunda es construir un acuerdo nacional para disminuir la autonomía de los uniformados, equiparar los estándares de transparencia con los de otras fuerzas armadas de países desarrollados. Nadie de la oposición, incluyendo al Frente Amplio, querrá quedarse fuera de un pacto de tal magnitud que permitiría un cambio cuántico en las relaciones entre civiles y militares. Significará costos internos para el gobierno y quizá no implique un alza inmediata en las encuestas, pero al fin le resultará algo que podría exhibir como una segunda transición.