La integridad pública
El proceso de fortalecimiento de la función pública empieza el año 2003, con la instalación del sistema de Alta Dirección Pública. Desde ese momento a la fecha se ha fortalecido la transparencia y el acceso a la información. La regulación del principio de integridad pública debe evaluarse dentro de ese contexto y no sólo desde la regulación de las situaciones de conflictos de interés.
El actual proyecto busca establecer un nuevo estándar para la administración del Estado, además de exigir normas adicionales al Congreso Nacional, buscando privilegiar el mérito para el ingreso, velando por la atracción de talento y regulando el conflicto de interés. Para combatir lo que habitualmente conocemos como el mapa del nepotismo, se ha pensado en utilizar como árbitro al Servicio Civil, lo que parece ser una buena idea, ya que contribuye a consolidar la institución en su rol de velar por el mérito en el ingreso a la función pública.
La atracción de talento, por otra parte, es un ámbito que entra en conflicto con el tránsito entre sector público y privado. Para lo anterior se busca establecer nuevas inhabilidades para los ex ministros de Estado, los exsubsecretarios y los ex jefes superiores de servicio, quienes por un año no podrán prestar ningún tipo de servicio, ni adquirir participación en la propiedad de entidades que hayan sido fiscalizadas por el Ministerio en que desempeñaron funciones. Lo mismo se extiende a asesores o funcionarios que ejerzan cargos de responsabilidad en órganos fiscalizadores. Prohibición que se aplica también a las empresas de lobby o gestión de intereses.
Estas restricciones están en consonancia con los estándares OCDE. Sin embargo, mientras hemos preferido restringir la actividad en los sectores donde se han desempeñado los servidores públicos, en otros países se ha optado por restricciones genéricas a cambio de indemnización equivalente al período de prohibición de inserción laboral. Las ventajas de esto último son evidentes a la hora de atraer talento, ya que el costo de servir al país se ve limitado.
La opción que ha asumido Chile privilegia las arcas fiscales, traspasando el costo al servidor público y limitando su inserción en el sector que le tocó participar. Sin embargo, olvida que hoy la coordinación interministerial es indispensable en la administración del Estado, donde los buenos servidores construyen redes y se aproximan de manera adecuada a las problemáticas considerando la multisectorialidad. Si bien se dan señales importantes en materia de probidad, cuando se trata de restringir las “sillas musicales”, la nueva regulación tendrá escaso impacto.