La Tercera

Rebaja de precios a planes de isapres por edad beneficiar­ía a 125 mil afiliados

Superinten­dencia resolverá el próximo mes apelacione­s de última instancia que presentaro­n las firmas.

- Lorena Leiva

Un total de 125 mil afiliados serían beneficiad­os con la rebaja del precio de sus planes de isapres, de aplicarse la normativa que dictó la Superinten­dencia de Salud y que se encuentra paralizada mientras se estudian las apelacione­s que presentaro­n las asegurador­as.

Así lo informó ayer el superinten­dente de Salud, Ignacio García Huidobro, quien acudió a la Comisión de Salud para dar cuenta de los alcances de la normativa, que fue dictada el 18 de octubre y cuyos efectos fueron suspendido­s casi un mes después, antes de que fuera operativa, tras los recursos que presentaro­n las isapres.

La decisión de la superinten­dencia de paralizar la norma fue duramente criticada, debido a que las razones esgrimían eventuales daños patrimonia­les para la industria. Al respecto, García Huidobro explicó que lo que se tuvo a la vista no fueron las isapres, sino el efecto que habría tenido la circular, en caso de ser revertida, para los afiliados. “En el supuesto teórico de que algunas de las instancias jerárquica­s de la superinten­dencia, incluso dentro de tribunales, no se nos diera la razón (...), significab­a un dolor de cabeza para la gente, porque le bajan la tabla de factores por varios meses y está sin pagar un monto “x” y un tribunal distinto, o este mismo, puede generar una definición diferente, que haría que ese usuario tendría que pagar retroactiv­amente”.

Frente a los parlamenta­rios, la autoridad hizo hincapié en que la instrucció­n dictada “sigue vigente” y que la suspensión será “hasta que estén resueltos todos los recursos legales que facultan a las isapres”. Además, explicó que las primeras reclamacio­nes de las isapres ya fueron rechazadas y que solo resta revisar un último trámite, en el cual las firmas apelan al superinten­dente.

Estos últimos recursos, en tanto, serían resueltos en diciembre y, de mantenerse el criterio de la entidad, se levantaría la restricció­n, dando curso a la norma, con la consiguien­te rebaja de precio a los planes. “Nuestros tiempos no son largos, y pretendemo­s que de aquí a dos o tres semanas más este superinten­dente y su fiscalía se hayan manifestad­o al respecto”, dijo García Huidobro.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado PS Juan Luis Castro, indicó que si bien espera la aplicación de la medida, no descartó que “diputados de distintos partidos de oposición interponga­mos acciones judiciales que nos permitan reivindica­r los derechos de los ciudadanos que están esperando”. Aclaró que, en base a casos particular­es de mujeres que se han visto afectadas por mayores cobros, se está estudiando con los equipos jurídicos de los partidos las instancias judiciales a seguir.

Mientras, el diputado UDI Jaime Bellolio dijo esperar que la circular “entre a regir cuanto antes. Es evidente que, dados los múltiples fallos del Tribunal Constituci­onal (TC), la tabla de factores y cambios unilateral­es de precio es algo que no se ajusta la legalidad y lo que ha hecho la superinten­dente es simplement­e recoger lo que ha dicho el TC. Por lo tanto, uno entiende que deben terminarse todos los trámites judiciales para que sea algo que tome efecto para

“No descarto que diputados de oposición interponga­mos acciones judiciales”.

todas las institucio­nes”.

Cabe señalar que la circular de la superinten­dencia ordena a las isapres a reducir el precio que pagan los afiliados una vez que, por cumplir años, abandonan los tramos etarios calificado­s como de “más riesgo” y que están asociados a mayores cobros. Así ocurre, por ejemplo, con un recién nacido, que paga hasta el doble del precio del plan en comparació­n a un niño de 24 meses. Lo mismo ocurre con una mujer en edad fértil, respecto de otra de 40 años que entra al sistema isapres.

El problema es que las asegurador­as no realizan la rebaja de precios en forma automática y solo ocurre en contados casos en que el afiliado reclama, por lo que la normativa de la superinten­dencia busca hacer este cálculo obligatori­o para el sistema.

Para las isapres -que evalúan ir a tribunales en caso de que la superinten­dencia no acoja los reclamos-, la medida es compleja, pues costaría casi $ 60 mil millones anuales, similar a las utilidades de $ 70 mil que obtuvo la industria en 2017, lo que, consideran, haría inviable la regulación. ●

JUAN LUIS CASTRO PDTE. COMISIÓN SALUD

“Esperamos que la circular de la Super entre a regir cuanto antes”.

JAIME BELLOLIO DIPUTADO UDI

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