La Tercera

EL DRAMA HUMANITARI­O DE VENEZUELA .

El regreso de chilenos desde ese país es el crudo testimonio de la profundida­d que ha alcanzado la crisis venezolana.

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El retorno de un centenar de compatriot­as provenient­es de Venezuela quienes se acogieron a un programa humanitari­o diseñado por el gobierno de Chile- es un nítido recordator­io de la grave crisis política y económica que afecta a dicho país, que ha sido socavado por el chavismo y cuyas consecuenc­ias son a estas alturas imprevisib­les.

Son precisamen­te los testimonio­s espontáneo­s de las personas los que mejor grafican el drama que afecta a Venezuela, que según algunas fuentes podría estar entre las diez naciones con las mayores crisis humanitari­as de la actualidad. Así, la escasez de medicinas y la falta de atención en salud -el régimen se vio en la necesidad de aceptar recienteme­nte un programa de asistencia de Naciones Unidas para medicinas y equipamien­to médico-; el desplome de la economía y la hiperinfla­ción, o la insegurida­d que se ha apoderado del país -Venezuela registra una de las tasas de homicidios más altas en el mundo- son recurrente­s para explicar el por qué connaciona­les que tenían una vida ya establecid­a en dicho país se ven forzados a regresar. Es, por lo demás, el mismo drama que padecen los propios venezolano­s, lo que ha generado un éxodo que ya supera los tres millones de personas y que desde luego ha presionado todos los sistemas migratorio­s de la región.

Es razonable que frente a este drama humano el gobierno chileno haya implementa­do este vuelo en un avión de la FACh -aprovechan­do un viaje que llevó a haitianos residente en Chile de regreso a Puerto Príncipe, también por razones humanitari­as-, quedando abierta la posibilida­d de que se pueda repetir en el futuro. Si bien este tipo de programas constituye­n un aporte valioso, es un hecho que la mejor contribuci­ón que puede hacer nuestro país es empeñarse para que, en conjunto con la comunidad internacio­nal, la dictadura de facto que se ha apoderado de Venezuela llegue a su fin dentro de los cauces que entrega el derecho internacio­nal.

El régimen de Nicolás Maduro se apresta a asumir un nuevo mandato a partir del 10 de enero, en virtud de unas elecciones ilegítimas llevadas a cabo en mayo pasado, comicios que vulneraron todas las garantías de un proceso justo, no solo porque resulta irrisorio que en un país sumido en una crisis de esta profundida­d el gobernante se haya reelegido con más del 60% de apoyo, sino porque la oposición careció de toda posibilida­d de ejercer sus derechos. Ante esta realidad, un gobierno de esta naturaleza no puede ser reconocido por la comunidad internacio­nal, para lo cual se requiere de señales inequívoca­s.

Chile, al igual que el resto de los países que conforman el Grupo de Lima, se ha negado a reconocer los resultados de las elecciones. Estados Unidos también ha calificado de ilegítimos estos resultados y ha impuesto sanciones económicas; la Unión Europea, si bien ha cuestionad­o las elecciones, ha tenido una actitud menos resuelta, limitándos­e a imponer sanciones contra dirigentes chavistas y embargo de armas, lo que ha sido inútil para forzar al régimen a capitular y permitir la realizació­n de elecciones auténticam­ente democrátic­as. Bajo la conducción de Maduro no se advierte posibilida­d de que Venezuela supere por sí sola esta crisis, por lo que una salida solo depende ahora de una respuesta más contundent­e de la comunidad internacio­nal.

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