Paro y reajuste al sector público
Una vez más los dirigentes gremiales que representan a los empleados públicos ante el gobierno, en las negociaciones por el reajuste salarial del sector, parecen mostrar escaso interés por lograr un acuerdo sensato o, lisa y llanamente, actúan de espaldas a la realidad del país. Partir pidiendo un incremento nominal del 8%, sabiendo que la estimación de la inflación para el período gira en torno a 2,9%, implica una exigencia de crecimiento real de sus salarios de 5,1%. Esta última cifra no se condice con la situación que experimentan los sueldos en el sector privado y, todavía menos, con el de las arcas fiscales que dejó como herencia el gobierno anterior.
¿Cuál es, entonces, el propósito de una “pedida” tan desmedida?, ¿es parte de una estrategia de negociación o guarda otras intenciones? Lo concreto es que la imposibilidad del Ejecutivo de acceder al incremento solicitado, como en ocasiones anteriores, ha generado artificialmente las condiciones para un paro general azuzado por la misma dirigencia. ¿Éste era el resultado buscado?
Aparte de su dudosa legalidad, la huelga iniciada el lunes parece francamente inmoral. ¿Por qué razones? Primero, porque el gobierno ya ha hecho un esfuerzo por ofrecer 3,1% de aumento (sobre el 2,9% inicial), número que está por sobre el alza del IPC. ¿Podría haber margen para algo más? Tal vez, pero únicamente de décimas porcentuales. Nunca un guarismo siquiera cercano al 7% exigido hasta la hora del cierre de esta columna. Segundo, debido al enorme impacto negativo que la acción adoptada significa para la ciudadanía, especialmente para los más desvalidos y necesitados. Se trata de la paralización de consultorios, jardines infantiles y guarderías, reparticiones municipales y estatales varias, etc. Tercero, porque ocurre mientras millones de chilenos y extranjeros avecindados trabajan y pagan impuestos para mantener a los parados en sus puestos de trabajo. Cuarto, porque es un secreto a voces que parte de ese contingente laboral es innecesario y está allí por clientelismo político. Para estos últimos, el origen mismo de su fuente laboral es ilegítima, al tiempo que altamente costosa para el país (como gasto inútil e ineficiencia burocrática). Quinto, debido a que el aparato público nacional adolece de enormes falencias; ¡urge su modernización!, y si ella no se ha producido todavía es en buena medida, aunque no exclusiva, precisamente por el poder que han adquirido sus sindicatos y, en particular, sus líderes, que no han trepidado en arrastrar a cientos de miles de personas a ejercer tan injustamente su fuerza.
Si Chile de verdad pretende salir del subdesarrollo resulta imperativo que cambiemos profundamente de actitud, comenzando por afrontar de forma más consciente y responsable la búsqueda por satisfacer nuestras demandas. Mientras ello no ocurra seguiremos desperdiciando la oportunidad de entrar a la liga mayor.