Reforma policial democrática
El asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca por parte de Carabineros ha puesto de manifiesto un modo de actuación policial, unido a ciertos aspectos doctrinales y de cultura institucional, que otorgan a éste un carácter más estructural que contingente. Hechos similares han sucedido en administraciones anteriores y, de no mediar cambios, seguirán ocurriendo con cualquier fuerza política, vieja o nueva, que asuma el gobierno. Lo sucedido pone en la agenda política una necesaria y urgente reforma policial.
No es la primera vez que queda en evidencia que Carabineros inventa pruebas (“Operación Huracán”, la más reciente) y destruyen otras (el video de un crimen). Tratándose de un organismo auxiliar de la Justicia, ésto resulta inadmisible para la legitimidad de un estado de derecho. Una reforma debiera, en primer lugar, separar la acción policial de la investigativa, y eliminar esta última de las funciones de Carabineros, pasando la versión policial a constituir un antecedente más dentro de la investigación, tanto para la justicia como para el poder político.
Lo segundo es revisar los protocolos operativos de Carabineros frente a manifestaciones de la sociedad civil. Las autoridades políticas democráticas concernidas deberán involucrarse de aquí en adelante en el detalle de estos procedimientos y hacerse corresponsables de ellos. Como se sabe, Carabineros surgió de un regimiento del Ejército en 1927, por iniciativa de Ibáñez, y desde entonces ha sido concebida como una policía con disciplina y armamento militar. Esta formación y actuación militarizada resulta inadecuada para enfrentar la expresión o protesta civil e introduce una desproporción permanente en el uso de la fuerza, con los riesgos asociados a ello, como ha quedado demostrado en La Araucanía o en movilizaciones estudiantiles recientes.
Un tercer aspecto tiene que ver con responsabilidades que provienen del mundo político, pero que impactan en el proceder de Carabineros: no se puede enfrentar problemas políticos -la relación del pueblo mapuche con el Estado chileno o las demandas de los movimientos socialescomo problemas de orden público. Tampoco pueden subsistir resabios doctrinales como el “enemigo interno” o viejas y nuevas formas de racismo, clasismo y otros prejuicios en el “sentido común” policial, sin que éstos sean abordados y superados en la formación inicial y continua de Carabineros.
Está pendiente desde nuestra transición -aunque algunos problemas hunden sus raíces en los orígenes de Carabineros- una reforma profunda, que inserte a nuestra fuerza policial en una doctrina de orden público democrático, donde la seguridad como condición de la libertad se pueda vivir en armonía con el respeto de los derechos humanos. Una policía sujeta al poder civil, y plenamente inserta en la vida democrática y comunitaria del país sigue siendo una asignatura pendiente.