REAJUSTE SALARIAL EN EL SECTOR PÚBLICO

. CRISIS ENTRE UCRANIA Y RUSIA

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Todos los años, las organizaciones sindicales que agrupan a los empleados fiscales aprovechan estas instancias para medir fuerzas -entre ellas y con el gobierno- aspirando a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores que representan, privilegiando sistemáticamente medidas de presión por sobre indicadores básicos que permitan justificar incrementos de remuneraciones.

Este año estuvo lejos de ser la excepción. Nueve tensas reuniones, un paro nacional de tres días y demandas salariales desmedidas – los trabajadores partieron la negociación solicitando un reajuste de 8% nominal- lograron replicar el marco habitual sobre el que cada año se define el aumento salarial de los trabajadores fiscales. Finalmente, el gobierno acordó un reajuste salarial de 3,5%, que en términos reales equivale a un alza anual de 0,6%, la mayor en cuatro años.

Existen elementos objetivos para revisar periódicamente las condiciones salariales de los trabajadores públicos. Ciertamente, la inflación es uno de ellos porque reduce progresivamente el poder adquisitivo de las familias. La condición económica del país es otro factor que debe sopesarse al evaluar las rentas de los empleados públicos, porque tiene incidencia en el nivel de remuneraciones agregado y condiciona el estado de las cuentas fiscales, entre otros aspectos sensibles. Pero lo que definitivamente resulta insoslayable al momento de evaluar cambios en los niveles de remuneraciones es la productividad de los trabajadores que participan en una negociación. Y es justamente en este ámbito donde más escasean indicadores confiables para determinar qué nivel de aumento merece el sector público.

Es lamentable que los exiguos instrumentos disponibles sean totalmente inverosímiles. Por ejemplo, en la evaluación del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), que involucra a los funcionarios estatales, en los últimos cinco años el 99% de las reparticiones públicas evaluadas supera ininterrumpidamente los niveles de cumplimiento máximo. No hay que recurrir a índices muy sofisticados para detectar que estas herramientas de evaluación no están cumpliendo con sus objetivos mínimos. Es por esta razón que la actual administración comprometió cambios a este instrumento, lo que provocó inmediatamente la presentación de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones por parte de un grupo de la ANEF, aduciendo que esta medida impulsada por el gobierno vulnera el derecho de propiedad y amenaza la integridad psicológica de los trabajadores.

Cualquier plan de modernización del Estado debe hacerse cargo de esta realidad estructural. La esencia de las instituciones públicas –sus trabajadores- carecen de incentivos mínimos para mejorar sus niveles de productividad y, en forma creciente, han visto en las medidas de presión corporativa la vía más rápida para conseguir sus objetivos. La actual administración logró sortear en forma exitosa la reciente negociación con el sector público, evitando alargar innecesariamente el conflicto. Sin embargo, resta por saber si será igualmente efectiva para atacar los problemas de fondo que subyacen en la administración pública.