Gobierno admite al TC que reglamento de aborto afecta objeción
El Ejecutivo envió el viernes un documento con observaciones al requerimiento de Chile Vamos. Texto es firmado por Piñera y los ministros de la Segpres y de Salud. En 40 páginas se plantea, entre otras cosas, que existiría una “limitación al derecho de a
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El viernes, pasadas las 21.00, el gobierno hizo llegar al Tribunal Constitucional (TC) el escrito con las observaciones solicitadas ante el requerimiento de inconstitucionalidad que presentaron senadores y diputados de Chile Vamos sobre el reglamento para la aplicación de la objeción de conciencia en materia de aborto, el que fue dictado por el Ministerio de Salud el 29 de junio.
El texto —al que tuvo acceso La Tercera— tiene 40 páginas y está firmado por el propio Presidente Sebastián Piñera y los ministros de la Segpres y de Salud, Gonzalo Blumel y Emilio Santelices, respectivamente. Y contiene una introducción y está dividido en cinco capítulos, donde, entre otras materias, se explica por qué se elaboró el reglamento.
Respecto al origen de este, se argumenta que se elaboró porque la Contraloría objetó el protocolo que hicieron en reemplazo al de la administración anterior y porque ese organismo emitió un decreto en el que se establece que “los establecimientos privados de salud, que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón”. Y se añade que “el contralor interpreta la normativa vigente, señalando limitaciones al ejercicio del derecho de objeción de conciencia (...) desechando los argumentos esgrimidos por el gobierno, a través del Ministerio de Salud”.
Así, el escrito del gobierno enviado el viernes al Tribunal Constitucional recalca que, por esa razón, “el Ministerio de Salud dictó el reglamento”.
Además, en las conclusiones del texto del Ejecutivo se plantea que el reglamento “afectaría el derecho de objeción de conciencia, entendida como una expresión de la libertad de conciencia consagrada en la Constitución, impidiendo plenamente su ejercicio”. Esto, porque se argumenta que “la objeción de conciencia consiste en el rechazo a una práctica o deber que pugna con las más íntimas convicciones de la persona y es, precisamente, una manifestación de la libertad de conciencia asegurada en nuestra Constitución, en su artículo 19 N° 6”.
En el escrito también se considera la importancia del “reconocimiento y protección por parte de la Administración del Estado del derecho de asociación y la autonomía de los cuerpos intermedios”, señalándose que son “fundamentales en la configuración de nuestra sociedad”.
Este último planteamiento va en línea con los requerimientos presentados por los parlamentarios de Chile Va- mos.
Asimismo, en el documento de La Moneda se enfatiza que “la protección al derecho de asociación que la Constitución asegura a todas las personas, se materializa en el reconocimiento y protección por parte del Estado de los grupos o cuerpos intermedios y la autonomía de estos para autodeterminarse”.
En ese sentido, y también en sintonía con el requerimiento presentado por los parlamentarios del oficialismo, se afirma que el nuevo reglamento “supondría establecer una limitación al derecho de asociación y autonomía de grupos intermedios reconocidos constitucionalmente”. Esto, porque, a juicio del Eje- cutivo, se “condiciona el ejercicio de la objeción de conciencia a no celebrar convenios con los servicios de salud en los términos ya referidos”.
Con el ingreso de este escrito al TC, La Moneda profundiza un poco más respecto del reglamento que tuvieron que elaborar a partir del decreto de Contraloría.
Hasta la fecha, las autoridades del Ejecutivo se habían limitado a decir públicamente que no “comparten” el dictamen, pero que lo acatan, sin profundizar mayormente en su postura y en el propio reglamento que tuvieron que elaborar.
Finalmente, en el texto el gobierno le pide al Tribunal Constitucional que falle en su mérito.b