MAX COLODRO Y PABLO ORTÚZAR
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Si es cierto que pocas cosas develan mejor a una sociedad que el estado y la calidad de sus instituciones, lo que estamos observando en el Chile de hoy debiera ser motivo de algo más que una sincera preocupación.
Carabineros es en la actualidad una institución sentada en el banquillo; imputada de un gigantesco fraude y malversación de recursos públicos, de alterar protocolos y procedimientos policiales, implantando pruebas falsas para inculpar a personas inocentes, borrar medios de prueba sobre acciones propias que terminan con un joven asesinado por la espalda. En paralelo, mientras en el Ejército avanza también una investigación sobre un fraude masivo en la compra de pasajes y uso de viáticos, su comandante en jefe decide informar a sus subalternos antes que a sus superiores, de una investigación sobre suboficiales que presuntamente vendían armamento a redes de narcotráfico. Una situación de otro calibre a cuyas implicancias pareciera que todavía no logramos tomarle el peso.
Por su parte, la disputa desencadenada durante los últimos meses en la jefatura de la Contraloría está teniendo un desenlace de antología: el contralor despide a la subcontralora aduciendo diferencias de criterio e incompatibilidad de caracteres insalvables. La subordinada recurre a tribunales, la Corte Suprema declara ilegal el despido y ordena el reintegro de la funcionaria. Corolario: el país tiene hoy una guerra declarada en la cúspide del órgano encargado de fiscalizar la probidad administrativa, un contralor desautorizado por la Corte Suprema y una subcontralora que no respalda ni está dispuesta a someterse a las decisiones de su superior. En síntesis, el peor de los mundos; un daño institucional de proporciones que sólo puede proyectar delicados problemas en su gestión.
Y finalmente (por ahora), una crisis ya sin orillas en el canal de televisión pública. Una empresa sin viabilidad financiera, políticamente intervenida, forzada a despidos masivos y con su credibilidad deteriorada. Esta semana, la renuncia de su presidente vino a poner nuevamente en tensión a los actores políticos, pero está claro a estas alturas que el problema no pasa por el perfil y capacidad de sus autoridades. Aquí hay también un diseño institucional cuestionado, un modelo de televisión pública que ha dejado de ser compatible con los actuales estándares de la industria, situación de la cual nadie quiere o sabe cómo hacerse cargo. En el anterior gobierno se decidió hacer una millonaria inyección de recursos sin un proyecto claro que la respaldara salvo, obviamente, la voluntad transversal de no asumir los costos de decisiones difíciles y seguir por tanto ganando tiempo y perdiendo plata.
Un expresidente dijo una vez que en Chile las instituciones funcionan. Es cierto: el problema es que muchas lo hacen cada vez peor y los mayores grados de polarización que hoy se observan en el sistema político hace más difícil abordar el asunto con una mirada integral y de largo plazo. Este es, quizá, uno de los principales factores de la incertidumbre y la desconfianza subyacente, esa que ni los mejores niveles de inversión y crecimiento económico lograrán atenuar.
La polarización del sistema político hace difícil abordar el mal funcionamiento de las instituciones.