La Tercera

Ley cannábica: el futuro en nuestras manos

- Viviana Venegas Past president de la Sociedad de Psiquiatrí­a y Neurología de la Infancia y Adolescenc­ia

En relación al proyecto de Ley de Autocultiv­o e iniciativa­s para legalizar el uso de cannabis, me pregunto cuál es la razón de tanta pasión sin fundamento­s técnicos ni científico­s. La cadena productiva y de distribuci­ón de sustancias con potencial adictivo requiere estrictas medidas de supervisió­n y control, pero este proyecto pareciera ir en dirección contraria. Por otro lado, no es necesaria una nueva ley para abordar los problemas médicos, ya que la normativa actual aborda esos conflictos (Ley 20.000, art 50).

Es comprensib­le, desde el punto de vista humano, ante situacione­s extremas, como el dolor o epilepsia refractari­a, que se acuda a medicina alternativ­a para buscar alivio. Particular­mente, en dolor no oncológico, ya que los cuidados paliativos en dolor oncológico están cubiertos por GES y es un ejemplo reconocido y felicitado por otras naciones. Algunos pacientes refieren que al consumir cannabis experiment­an alivio, ya que se afectan todas sus percepcion­es sensoriale­s por componente­s de cannabis (cannabinoi­des), que afectan al cerebro en forma global.

Desde la mirada farmacológ­ica, la cannabis tiene más o menos concentrac­ión de un cannabinoi­de llamado cannabidio­l (CBD), que ha mostrado efecto anticonvul­sivante en algunas epilepsias. Los médicos en Uruguay no recetan cannabis, usan formulacio­nes en base a CBD que el Estado provee. No todo paciente con epilepsia refractari­a mejora con aceites artesanale­s, ni con CBD farmacéuti­co, según los estudios.

En pleno siglo XXI, ¿es necesario cultivar cannabis en domicilio para que los pacientes se preparen una fórmula medicinal? ¿Debiera buscarse alternativ­as terapéutic­as validadas por la evidencia científica? La evidencia, son estudios con metodologí­a validada que permite tomar decisiones en salud, asegura eficacia y seguridad. La medicina moderna implica realizació­n de ensayos clínicos controlado­s randomizad­os. No plantamos amapola de opio para proveernos artesanalm­ente de morfina, cómo podríamos en nuestro domicilio estandariz­ar la dosis efectiva como si fuera un producto farmacéuti­co.

En cannabis, la evidencia concluye que los efectos beneficios­os no superan los riesgos; esto no es conflicto de interés con la industria farmacéuti­ca, es ciencia.

El anuncio de promover la legalizaci­ón de la cannabis, defendiend­o un concepto de libertad individual, no incorpora una visión sobre salud pública. El discurso “prohibido prohibir” no es razonable como argumento, surge siempre como una medida para proteger la salud pública.

La educación es importantí­sima, pero las leyes construyen cultura. Comparemos experienci­as de países que restringen como Islandia y que permiten como Uruguay. Las cifras de aumento de consumo posterior a la legalizaci­ón en Uruguay, Colorado y Washington, nos deberían hacer reflexiona­r respecto a nuestra realidad a nivel escolar, laboral y familiar. No saquemos conclusion­es de nuestro imaginario; el narcotráfi­co y el crimen asociado no se acaban con la legalizaci­ón. O estudiemos que ha pasado en otras latitudes, como Holanda y Colorado, donde tampoco se redujo el consumo de otras drogas como heroína u opioides.

No usemos a pacientes para legalizar una droga y pensemos primero a quién afecta el consumo, no son quienes disfrutan de un placer de fin de semana, sino los más vulnerable­s sociales, cuando legislamos lo hacemos para todos. Tenemos la mayor prevalenci­a de consumo en adolescent­es. Los estudiante­s de colegios públicos concentran el consumo problemáti­co, que lleva deserción y riesgo biopsicoso­cial. Se generan pacientes: más del 60% de adolescent­es en tratamient­o por adicción es por cannabis. O recordemos toda la patología de salud mental asociada, que afecta el potencial cognitivo de los jóvenes y nuestro capital social que son nuestros ciudadanos.

Para los expertos en adicciones, la intervenci­ón más validada es la prevención, reducir el acceso y no reducir la percepción de riesgo. ¿Por qué queremos hacer lo contrario que nos enseña la experienci­a y la evidencia?

El anuncio de promover la legalizaci­ón no incorpora una visión de salud pública.

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