La decisión de Uruguay
PEDIDO DE ASILO DE GARCÍA
“Pedir el asilo a Uruguay fue una picardía más propia de El Buscón Don Pablos, el personaje de Quevedo, que de un exjefe de Estado”.
Esta semana, el gobierno de Uruguay extendió a su incómodo huésped, Alan García, uno de varios expresidentes peruanos investigados por sospechas de corrupción, una cordial invitación a mudarse allí donde no comprometa a un tercer país en sus asuntos personales y donde los fiscales peruanos puedan completar su trabajo.
Uruguay no podía hacer otra cosa. Cuando Alan García recibió el asilo diplomático del gobierno de Colombia hace 26 años, las circunstancias eran otras. El Congreso peruano le había levantado la inmunidad un año y tanto después de que dejara el poder en 1990, para que fuera juzgado por cuatro casos que sugerían la existencia de un enriquecimiento ilícito, pero los juicios no se realizaron por las influencias que tenía entonces el Apra en la judicatura.
Sin embargo, Alberto Fujimori dio un golpe de Estado en 1992 y trató de arrestarlo tras un asalto militar a su casa; el ex gobernante, después de una fuga rocambolesca y un escondite de pocos días (eso dice el relato), se refugió en la legación colombiana. García había pasado a la condición de perseguido por obra de Fujimori. Un poco más tarde, ya sin garantías jurídicas elementales en Perú, Fujimori ordenó reabrir los casos contra García, que llevaba un tiempo asilado en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió, inevitablemente, un dictamen favorable al perseguido. De regreso en Perú tras el derrumbe de la dictadura, García ya no pudo ser juzgarlo porque los delitos habían prescrito.
Ahora, las sospechas de corrupción relacionadas con su segunda administración (20062011), son materia de una investigación que no ha violado sus derechos ni se da en el marco del sometimiento de los fiscales y jueces al Poder Ejecutivo, y mucho menos en dictadura.
Pedir el asilo a Uruguay fue una picardía más propia de El Buscón Don Pablos, el personaje de Quevedo, que de un exjefe de Estado. Para Uruguay esto se había convertido en un problema interno: gran parte de la opinión pública y de la propia coalición de gobierno opinaba que asilar al exgobernante era interferir con el proceso anticorrupción peruano. También, en un problema externo: nadie habría secundado la decisión de concederle a García el asilo.
Superado este episodio, Alan García seguirá siendo investigado. Sus más enconados adversarios deben evitar que se envenene el clima en el que se desarrolla la investigación para que las instituciones puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible. Sobre García recae un alud de sospechas desde hace años, lo que ha exacerbado su impopularidad; por eso es importante que tanto los peruanos como los extranjeros puedan ver a unos fiscales y jueces actuando con impecable apego al derecho, sin asomo de intencionalidad política, llevando la causa anticorrupción hasta las últimas consecuencias. Eso incluye, si se acumulan suficientes pruebas contra García, procesarlo y condenarlo. Pero también lo contrario, si las pruebas no son fehacientes.
Perú lleva años de traumas institucionales en parte porque la transición democrática que arrancó a finales del año 2000 se acabó torciendo. En esta nueva oportunidad de regenerar ciertas instituciones y moralizar la vida pública, asoman elementos auspiciosos, como la voluntad del gobierno de introducir reformas en la selección y supervisión de los jueces y fiscales, así como en el Congreso, y la existencia de algunos miembros del Ministerio Público y ciertos magistrados que parecen empeñados en castigar la corrupción.
Como sugerí hace algunos días, hubiera sido, por ello, un grave error histórico de parte de Uruguay contribuir a truncar la oportunidad de una regeneración institucional en Perú otorgando al expresidente el abracadabrante asilo que pedía.