“El infantilismo patrimonial en Chile no permite profundizar la discusión”
El arquitecto se refiere al caso Schüler y al tráfico ilícito de bienes culturales. Dice que la actual Ley de Monumentos “está obsoleta” en estas materias, y que la nueva normativa lo tipificará como delito y aumentará penas y multas.
El decomiso de piezas patrimoniales robadas en la hacienda La Punta, del empresario Raúl Schüler, no solo confirmó que el tráfico ilícito de bienes culturales es una amenaza latente en Chile. Desveló, además, los vacíos y obsolescencias de una Ley de Monumentos Nacionales (N° 17.288) creada en 1970 e incapaz de ponerse hoy a la altura del contexto global. Pero si algo positivo se puede sacar de todo esto, es la nueva conciencia en torno al valor del patrimonio, además del rol cada vez más protagónico de la sociedad civil. No hay que olvidar que fue la denuncia del investigador porteño Lautaro Triviño sobre el paradero de la estatua La República, sustraída hace 15 años desde la Plaza Rubén Darío, de Valparaíso, la que condujo a la PDI hasta ella y al resto de las más de 100 piezas halladas en el fundo de San Francisco de Mostazal.
La ONU calcula que el tráfico patrimonial mueve entre US$ 3.400 y US$ 6.300 millones al año, solo por debajo de los de armas y drogas. “Hemos visto en la prensa cómo el expolio de estos bienes en Palmira (Siria) y las ventas en el mercado negro han generado recursos que sostienen la guerrilla del Estado Islámico. Es una realidad y nosotros, como un Estado inserto en el contexto internacional, no estamos blindados ni somos impermeables a estas dinámicas que son de orden mundial”, comenta el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda (1978), quien además fue secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) entre los años 2011 y 2014.
“El caso Schüler destapó redes que están operando y que se hacen pasar por coleccionistas y altruistas, como si los bienes que están en el espacio público estuvieran tan vulnerables que cada uno los tiene que mantener en su casa”, señala el arquitecto. “Esa es la justificación espuria que algunos se han atrevido a levantar y que hay que bajar de entrada, porque no es así. Además, nos obliga a establecer actualizaciones de nuestra legislación conforme a las convenciones internacionales que hemos ratificado. Ha habido avances e hitos, como la compra y recuperación del Palacio Pereira, pero el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio no estará completo sin que transitemos hacia la nueva Ley del Patrimonio, y el Estado debe pasar de su rol de contralor a ser un actor más decidido y que tome cartas en su gestión, partiendo por la modificación la ley”.
En 2013, la entonces directora de la Dibam, Magdalena Krebs, constituyó la Mesa de Tráfico Ilícito, que un año después ratificó la convención de la Unesco en torno a la cooperación y estándares orientados a combatir estos casos. En los últimos años, la mesa ha capacitado a cerca de 1.000 personas, entre funcionarios aduaneros, policiales y público en general, acerca de la normativa vigente, la identificación de bienes culturales chilenos protegidos, las medidas de conservación adecuadas y la normativa internacional relacionada. Allí también se redactó el primer borrador de la nueva ley que reforzará la actual legislación, y que hoy, ante las nuevas y diversas visiones en torno al patrimonio, “se encuentra también obsoleto”, dice De la Cerda.
¿Qué cambios propondrá la nueva ley que ingresarán al Congreso?
Estamos trabajando en tres ámbitos básicos. El primero es la actualización de conceptos: hay que incorporar a nuestra conceptualización monumental, anclada a comienzos de siglo XX, una visión de patrimonio cultural que se construya en relación a una sociedad viva, como ocurre con la cultura rapanui y otras, y que contemple patrimonio material e inmaterial. Insisto en este punto, porque el infantilismo patrimonial en Chile, que solo considera como patrimonio lo monumental e histórico, no permite profundizar esta discusión. También hay que refundar el CMN en el Consejo Nacional del Patrimonio, y establecer consejos regionales en todo Chile. Es inaceptable, por ejemplo, que las 80 hectáreas de los pabellones mineros de Lota no estén declarados como monumento ni tampoco las estancias magallánicas en la Patagonia. El mayor número de declaraciones patrimoniales está entre las regiones de Coquimbo y Biobío, y es porque se está pensando desde Santiago. Desde luego, hay que tipificar también el tráfico ilícito como delito, que en Chile no existe, y aumentar penas y multas que hoy son muy bajas. Van de 541 días a cinco años para casos en el rango máximo, y de 50 a 200 UTM de multa por daño directo a monumento nacional, como ocurrió con la estatua de Rebeca Matte en el Bellas Artes. Quizás para algunos casos pueda ser adecuado, pero en otros, como el caso de una empresa que afecte a un sitio arqueológico, por ejemplo, la multa debe ser distinta y mayor.
¿Qué ocurre con los registros del patrimonio y los certificados de autenticidad para evitar el tráfico? Es buen punto ese. Inventarios hay, pero hay que actualizarlos y unificarlos. La cooperación internacional en esto es clave, y Chile tiene convenios con México y Perú que compromete a las partes a cooperar en caso de exportación ilegal de bienes, y ahora estamos trabajando en otro con EE.UU. En cuanto a las certificaciones, piensa, por ejemplo, en el mercado anticuario: tiene una parte muy noble, pero eso no supone que puedan pasar por arriba de la legislación y ser reducidores de bienes culturales que vienen por tráfico ilícito. Por tanto, avanzar en tener certificaciones de origen de todas las piezas que se venden ahí es algo en lo que Chile está muy en pañales. Para esto es fundamental modificar nuestro marco legal.
En 1999, el Ministerio de Cultura colombiano le preguntó al escritor y premio Nobel Gabriel García Márquez qué entendía por patrimonio y cómo debía llamarse el grupo de voluntarios que ayudaría a resguardarlo. “El patrimonio no solo son los monumentos, son muchas más cosas”, dijo el autor de Cien años de soledad, y agregó: “Vigía es aquel que está en el faro y cuida el horizonte”. Ese mismo año se fundó el programa Vigías del Patrimonio, que a la fecha cuenta con más de tres mil civiles comprometidos a denunciar robos y desapariciones de bienes culturales, y que ahora la ministra Consuelo Valdés ha puesto como ejemplo a seguir a De la Cerda y su equipo.
“Así como sigue habiendo incivilizados atacando el patrimonio, hay una masa crítica de la sociedad que ya no lo aguanta”, opina el subsecretario. “Hay ciudadanos muy preocupados de estos temas, y son ojos distribuidos en todo el territorio. No es solo una falencia del Estado, sino un empoderamiento de la sociedad civil. Ocurrió con las iglesias de Chiloé, con Rapa Nui, con la escultura de Rebeca Matte y también en el caso de Schüler. En esto hay un rol dividido entre la sociedad civil y el Estado, y no descartamos replicar ese programa en Chile. Que la sociedad tome parte en esto es una buena señal en el paso que estamos dando”. ●
“Es una realidad y nosotros, como un Estado inserto en el contexto internacional, no estamos blindados ni somos impermeables a estas dinámicas que son de orden mundial”.
“Destapó redes que están operando y que se hacen pasar por coleccionistas y altruistas. Esa es la justificación espuria que algunos han levantado y que hay que bajar de entrada, porque no es así”.