La mano del gato
Parlamentarios oficialistas han presentado en poco tiempo tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), para que se declaren inconstitucionales dos proyectos de ley despachados por el Congreso y un decreto supremo (ley de presupuestos, libertades condicionales y la regulación de la objeción de conciencia institucional respecto del aborto en tres causales).
Habrá quienes estiman que esas acciones constitucionales revelan una renovada voluntad de dar la pelea por las ideas y principios -que se echaba bastante de menos- y que, por ende, deben celebrarse. Se equivocan, porque usar esa herramienta cuando hay otras alternativas para actuar, no hace más que reiterar la debilidad de un gobierno que intenta siempre eludir costos políticos y, además, porque complica al TC, al entregar a la izquierda el pretexto para presentarlo otra vez como una tercera cámara ilegítima.
La institucionalidad confiere al Presidente la poderosa atribución de vetar los proyectos de ley despachados por el Congreso que considere inconvenientes, errados o contrarios a la Carta Fundamental. Implicar al TC en la disputa sin plantear antes un veto, no puede tener otra razón que tratar de esquivar costos políticos; o sea, sacar la castaña con la mano del gato. Sólo si el veto fuere rechazado, entonces están agotadas las instancias normales del juego político-institucional, y recién ahí cabe plantear un conflicto constitucional ante el TC.
También había un camino alternativo con el decreto requerido: un decreto de insistencia. Éste no existe, conforme la Constitución, para que el Presidente haga cosas ilegales (que es la imagen que nos quedó de otra época), sino para que prime el criterio Presidencial sobre el contralor. Todo se originó porque éste, al negarse correctamente a tomar razón de una resolución que regulaba el tema de la objeción de conciencia, por ser materia de un reglamento, se permitió agregar una serie de consideraciones personales, que eran frontalmente contrarias a un reciente fallo del TC en la materia. Entonces, el gobierno no tenía que someterse al criterio del contralor, sino que simplemente sustituir la resolución por un reglamento, que si era objetado, procedía el decreto de insistencia. En el peor de los casos, la pugna habría terminado en el TC y el contralor habría perdido, como lo demostró que el requerimiento presentado por los parlamentarios (que simulaba ser contra el Presidente, pero en realidad iba dirigido al contralor) fuera acogido por 8 votos a 2.
El argumento que en esto no tuvo nada que ver el gobierno y que fue una decisión autónoma de los parlamentarios, no se lo compra nadie. De hecho, es una mala explicación que denota falta de liderazgo político. Pero lo peor es el desgaste innecesario a que se está sometiendo al TC. De pronto, sería legítimo que en su seno se pregunten: ¿si el Presidente no se la juega, por qué nosotros?