OBJECIÓN, ¿DE QUÉ CONCIENCIA?

SEÑOR DIRECTOR

El TC ha anunciado una controvertida decisión; de nuevo: la inconstitucionalidad del reglamento de Salud para la objeción de conciencia, ante la interrupción voluntaria del embarazo.

La despenalización del aborto –incluso en tres reducidas causales– ha sido presentada como un dilema para la coalición gobernante. Una cuestión que dividiría a las viejas matrices liberales y conservadoras. Pero en el actual contexto de hegemonía neoliberal, esa división tiende a diluirse hasta desaparecer, pues ambas matrices se acercan para fundirse en una sola posición, servicial al lucro y a la concentración del poder y, contraria a la autonomía y los derechos de las personas y las comunidades. Lo vemos cuando el gobierno se pone de parte de las forestales en el mal llamado “conflicto mapuche” y, ahora, al defender una supuesta autonomía de las clínicas privadas para recibir financiamiento público (lo que se disfraza tras la mal llamada objeción de conciencia institucional), en lugar de defender la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. El gobierno ni siquiera defendió su reglamento ante el TC; simplemente, se allanó a aceptar la supuesta inconstitucionalidad de su propia decisión.

Hace rato que vemos una práctica institucional partisana en el TC, comprometido con un proyecto político particular y asumiendo una postura en el debate político. Con ello, no sólo socava las bases de su legitimidad, sino las de todo el sistema democrático. Lo propio hace el gobierno al no respetar la interpretación jurídica del contralor y allanarse a un requerimiento presentado, en su contra, por su propia coalición.

Así, las instituciones no funcionan; salvo que aceptemos que lo hacen para garantizar la autonomía de las empresas y no la de los individuos.

Jaime Bassa Profesor de Derecho Universidad de Valparaíso