Interpelación y responsabilidad política
Nuestra Constitución contempla la interpelación, importación del régimen parlamentario en nuestro presidencialismo, que tiene algo de poroto en paila marina, al decir del dicho popular, porque no tenemos la cultura del debate parlamentario, ni las atribuciones de los diputados en aquel sistema. Ello ha conducido a que sea, la mayor de las veces, un diálogo de sordos, en que cada uno de los actores tiene su “barra brava”, todos se declaran ganadores y luego no pasa absolutamente nada.
Con todo, la interpelación al ministro Chadwick rompió la regla por tres razones: primero, porque es difícil encontrar un relato más sólido, en cuanto al ejercicio de las facultades de control, que el hecho por el jefe de gabinete; segundo, porque la diferencia entre la lectura de un cuestionario prefabricado y la respuesta espontánea, informada y consistente fue enorme; y, por último, por la capacidad que exhibió el ministro de articular conocimiento con empatía, dando con el tono para salir airoso del desafío que le planteaba el interrogatorio de una diputada de la etnia mapuche, en esta circunstancia específica.
Estamos en una época en que casi nadie asume sus responsabilidades, nadie renuncia, y se ha perdido un poco el alcance de la responsabilidad política. Seguí en directo la interpelación y, con sorpresa, vi que la diputada Nuyado asumía que, de la sola muerte del señor Catrillanca, se derivaría la responsabilidad política del ministro del Interior, interpretación completamente errónea. La responsabilidad política, que es de la que se trataba en esa sesión, remite a un deber de control, a la obligación que tiene la autoridad política para definir objetivos lícitos, entregar los medios idóneos y luego controlar las acciones de sus subordinados.
Pretender que de la mera desobediencia, del error o incluso del actuar delictual de la policía, por ejemplo, se derivaría inmediatamente la responsabilidad política es absurdo, porque no hay responsabilidad sin culpa, o sea, sin que medie negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de la autoridad política. Aquí es, precisamente, donde las respuestas del ministro Chadwick fueron de una solidez inexpugnable: antes de un mes de ocurridos los hechos, él, personalmente, había puesto en conocimiento del Ministerio Público la verdad de lo ocurrido y había dispuesto las medidas administrativas a todos los niveles de la policía uniformada. Todo, con un nivel de transparencia que nos ha permitido a los chilenos conocer la verdad, prácticamente en línea.
De la verdad nace la confianza y de esta el diálogo, por eso La Araucanía en paz es posible, y eso sí es responsabilidad del actuar oportuno y transparente del ministro Chadwick.