DEMOCRACIA Y EL TC
SEÑOR DIRECTOR
Ha causado conmoción el fallo del Tribunal Constitucional sobre el requerimiento de inconstitucionalidad del reglamento de objeción de conciencia frente a un procedimiento de interrupción del embarazo.
Resulta difícil entender cómo una ley promulgada hace más de un añoparece aun estar en cuestión. La simple noción de separación de poderes que estudiamos de niños no se condice con este flujo infinitamente recursivo.
Lo que queda en el ideario colectivo es que se ha perdido el mandato otorgado a nuestros representantes; que la voz de la mayoría ha sido silenciada por un ordenamiento jurídico; que, en definitiva, el poder ha dado la espalda al pueblo del que nace y a quien se debe.
El principio de subsidiariedad del Estado implica asumir el deber de garantizar el acceso al bienestar cuando no se alcanza en base a las reglas de la libre competencia. Según Minsal, entre 2006 y 2015, un 10,4% de las hospitalizaciones por embarazo/parto fueron por abortos, afectando en un 10,6% a menores de 20 años, y un 12,3% de las muertes maternas se debieron a lo mismo.
El obstaculizar el curso de la voluntad popular, expresada en la decisión le- gislativa de despenalizar el aborto en tres causales, no sólo desnaturaliza principios básicos democráticos, si no que perpetúa la brecha de desigualdad existente en nuestro país.
Marcela Segovia
Abogada, Mg. en Psicología Social