Contraloría pide medidas a la Fach tras denuncia de uso indebido de avión
El hecho, con traslado de familiares, ocurrió en 2016. La institución explicó el episodio y los cambios efectuados.
La Fuerza Área (Fach) fue notificada por la Contraloría el 6 de diciembre pasado que “deberá analizar y actualizar la normativa interna”, luego de que el 24 de enero de este año llegara una denuncia al organismo fiscalizador. En ella se señaló que el 2 de febrero de 2016 una avión institucional Twin Otter trasladó al entonces secretario general de la Fach, general (R) Dennis Harvey, y un grupo de civiles, entre ellos familiares directos del aludido general. El viaje fue desde Puerto Montt hasta Futaleufú.
De acuerdo al documento enviado por la Contraloría al comandante en jefe de la Fach, general Arturo Merino, (en el cual se cita la denuncia presentada por una ONG), la aeronave aterrizó específicamente “en el sector denominado Ñancumapu, que es conocido por ser un lugar exclusivo de descanso para generales de la Fach, y se habría incurrido en el uso de medios fiscales”.
El denunciante, dice el mismo documento, “complementa su presentación con la respuesta entregada (...) por parte del Estado Mayor General de dicha repartición castrense (...) del 5 de enero de 2018, donde se reconoce la existencia de un vínculo de consanguinidad y entre los tripulantes y el señor Harvey, haciendo presente que el traslado correspondió a un vuelo de instrucción y entrenamiento”.
Asimismo, dice el escrito, el 28 de mayo el inspector general de Fach precisó a la Contraloría -por un oficio- que “con el propósito de evitar situaciones como las de la especie, en una reunión del Alto Mando llevada a cabo 6 de marzo de 2017, se consideró dentro de los puntos a tratar, la prohibición de todo tipo de vuelos con las características descritas”.
Así, indica el informe, tras examinar la respuesta de la Fach, el ente contralor concluyó que “estos no logran explicar ni fundamentar los motivos por los cuales en un vuelo de entrenamiento se trasladaron civiles, sin cumplir con los requisitos contenidos en los reglamentos (...) y tampoco se advierte quién autorizó el vuelo”. La Contraloría estimó que los hechos denunciados eran “graves” y determinó que como las responsabilidades administrativas se encuentran prescritas, la Fach deberá tomar medidas “para evitar” este tipo de hechos.
Consultada la Fuerza Aérea se señaló que “la Contraloría requirió a la Fuerza Aérea informe sobre la materia, señalando esta última que la norma sobre el traslado de personas en vuelos institucionales no contenía un procedimiento de cobro de pasajeros, tratándose de operaciones aéreas que realizan las aeronaves de transporte liviano en sus zonas jurisdiccionales”.
Añadieron que “este vuelo en particular, se trató de una misión de mantención de eficiencia operativa de la tripulación, los cuales además son utilizados para ayuda a la comunidad, traslado de autoridades y personal de la administración pública a zonas de difícil acceso, requerimientos de autoridades de salud, apoyo a evacuaciones y operativos médicos, entre otros”.
Se agregó que “sin perjuicio de lo dictaminado por la Contraloría, desde marzo de 2017 la Fuerza Aérea no realiza traslados de personal activo y sus familiares en aeronaves de transporte liviano, cualquiera sea la misión que deba cumplir la aeronave, salvo que se trate de comisiones de servicio”.
Y se destacó que que actualmente “la Fuerza Aérea se encuentra en proceso de actualización de la normativa institucional sobre la materia”.