La violencia rural no registra condenas en Ercilla y Collipulli
La Tercera analizó 1.200 causas del Juzgado de Garantía de Collipulli -donde está radicado el caso de Camilo Catrillanca- ingresadas entre enero y diciembre de 2018. Entre los delitos violentos y terroristas, como incendios de escuelas e iglesias, solo se
“Baja rapidito y súbete atrás, tranquilo. No te va a pasar nada”, fue la orden que recibió A.O.P.A. (60), la mañana del 4 de mayo. El tronco de un árbol atravesado en su camino y las armas de cuatro encapuchados apuntando a su rostro le impidieron escapar del sector El Catorce, en la comuna de Collipulli. Contra su voluntad, el furgón Mercedes Benz modelo Sprinter se puso en marcha, ahora con él como pasajero.
“¿Con quién trabajas?”, preguntó uno de los encapuchados. Tras explicar que era funcionario municipal y que conducía el vehículo para trasladar a estudiantes de zonas rurales hasta sus colegios, la tensión aumentó. “Chucha, nos equivocamos de furgón, esta huevá no es forestal (sic)”, dijo uno de los asaltantes, detalló la víctima en la querella por robo con intimidación y secuestro que presentó en el Juzgado de Garantía de Collipulli.
Nueve kilómetros avanzó el vehículo para finalmente detenerse y A.O.P.A. fue obligado a bajar e internarse en un bosque de pinos: “Quédate aquí entre 15 a 30 minutos para que después te vayas a tu casa. Si te vemos salir antes, el cuento será otro”, le advirtieron antes de abandonarlo.
Por siete meses la fiscalía de Collipulli ha investigado este caso, sin que hasta ahora los responsables hayan enfrentado a la justicia. Esto, pese a que el 23 de octubre la policía detuvo a Paulino Levián Coyán, por mantener en su predio del sector Chiguaihue, en Ercilla, el furgón “en proceso de desarme y oculto, bajo ramas y nailon”, detalló la fiscalía. Si bien Levián fue formalizado por receptación, la jueza de Collipulli, María Lagos, declaró ilegal su arresto, “por no existir antecedentes suficientes para imputarle el delito”. Así, la única persona vinculada a esta causa quedó en libertad.
Este tipo de delitos, incluyendo aquellos de carácter terrorista, se enmarcan en los denominados casos de violencia rural que investiga el Ministerio Público, los cuales se concentran, según estadísticas policiales, en las comunas de Collipulli y Ercilla. Fue en esta última localidad donde el comunero mapuche Camilo Catrillanca murió por un disparo de Carabineros, delito por el cual cuatro exuniformados fueron formalizados por obstrucción a la investigación, y dos de ellos, por homicidio simple.
Solo este año el gobierno ha anunciado dos aumentos de dotación de Carabineros en la Región de La Araucanía: en abril se envió a un contingen- te de 100 uniformados y 38 vehículos extra. Y, tras la salida del Gope desde esa zona, la semana pasada se dio a conocer que 80 efectivos de Fuerzas Especiales llegarán a las provincias de Malleco (La Araucanía) y Arauco (Biobío).
Para conocer qué delitos investiga la Fiscalía en estas zonas y qué resultados consiguieron fiscales y policías tras fortalecer sus dotaciones-,
La Tercera analizó más de 1.200 causas que se tramitan en el Juzgado de Garantía de Collipulli.
De las 40 causas vinculadas a delitos de carácter terrorista y violencia rural, se registran 16 incendios intencionales, 13 quemas de maquinarias, iglesias y escuelas, 5 ataques armados a helicópteros y unidades de Carabineros y 3 robos violentos y secuestros, y 3 casos de receptación y porte de armas.
Ninguno de estos casos tie- ne condenados a la fecha y, según la fiscalía, solo se registra un detenido por porte ilegal de armas.
Las investigaciones
La quema casi simultánea de dos camiones y un bus de empresas forestales, ocurrida el 24 de mayo en un camino rural a 19 kilómetros de Collipulli, desplegó un amplio operativo policial. Según las pesquisas de Carabineros, cuatro encapuchados participaron del ataque, dejando un panfleto que decía “Celestino Córdova y Patria”, en referencia al machi condenado a 18 años de cárcel por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.
El caso muestra cómo la fiscalía investiga este tipo de delitos. Las primeras diligencias ordenadas por el Ministerio Público consistieron en tomar declaración a las víctimas, para obtener pistas que conduzcan a los responsables del ataque. Luego, se levantaron registros de cámaras de seguridad y se buscó a potenciales testigos del hecho. Sin embargo, nada dio frutos. Tampoco el levantamiento de huellas o la solicitud judicial que hizo el fiscal Héctor Leiva para que se obligara a compañías de telefonía celular a entregar el detalle del tráfico de llamadas que recepcionaron las antenas del sector a la hora del atentado.
De esta forma, y pese a la gravedad del hecho que llevó al gobierno a querellarse por delito terrorista, la fiscalía decidió no perseverar con esta investigación, tras cinco meses de diligencias. Esta decisión discrecional del Ministerio Público se adopta cuando no hay antecedentes suficientes para fundar una acusación.
La falta de efectividad policial para identificar a los autoFernanda
res de los ataques no es un hecho aislado. Según el análisis, 17 de las 40 investigaciones por incendio, ataques armados y robo con secuestro (un 42% del total) fueron cerradas con esta modalidad.
Sin evidencias y sin testigos, surge otro factor que afecta las indagatorias: la dificultad de ingresar a zonas rurales que están en conflicto. En un escrito, fechado en febrero, el jefe de la Fiscalía de Collipulli, Enrique Vásquez, solicitó una autorización judicial para realizar un “sobrevuelo en la comuna de Ercilla, abarcando caminos privados del sector rural, predios particulares, comunidades indígenas o predios forestales”.
Según el fiscal, ese era el “único medio idóneo y posible para no exponer a personal policial” que indagaba el incendio y robo con intimidación que afectó a trabajadores de la forestal Mininco y que terminó con cuatro camiones quemados el 27 de enero.
Según información del Poder Judicial y de la Fiscalía de Collipulli, entre enero y diciembre de 2018 no se registran personas condenadas como autores de delitos terroristas o de violencia rural. Las cifras del Ministerio Público registran 12 formalizados. Dos por robo con violencia a una conductora, seis por porte de armas -de los cuales en cinco casos la jueza Sandra Nahuelcura declaró ilegal la detención-, y cuatro por receptación.
Por ese delito fue formalizado también Camilo Catrillanca, el 23 de octubre, por conducir una camioneta que había sido robada en abril pasado, en la comuna de Los Ángeles. Él y los otros cuatro ocupantes del vehículo -entre ellos el menor M.P.C., quien acompañaba al comunero el día en que fue baleado por la policía- fueron dejados en libertad por orden de la jueza María Fernanda Lagos. En su resolución, la magistrada estimó que Carabineros hizo “diligencias investigativas autónomas, para lo cual no está facultada la policía y que no pueden ser el fundamento de la privación de libertad de los imputados”.
Tampoco hay detenidos ni formalizados por el robo de vehículos a cuatro profesoras el 14 de noviembre en la escuela Santa Rosa de Ercilla, episodio que dio origen al operativo que terminó con el homicidio del comunero.
Luego de ese día se han registrado al menos ocho hechos de violencia en la zona. Uno de ellos dejó al ocupante de un bus interprovincial con pérdida de visión en su ojo derecho, luego que el vehículo de transporte fuera atacado con piedras en la Ruta 5 Sur. La quema de una escuela, un centro de eventos, además de la destrucción de maquinaria y el ataque a una estación de servicio son parte de los nuevos delitos que hoy la fiscalía se encuentra en proceso de investigación y que, al igual que los otros 40 casos indagados, tienen un incierto futuro para llevar a los responsables ante la justicia.b