NUEVO MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Cabe esperar que esta institucionalidad sea capaz de crear las condiciones para que el país aumente su inversión en I+D.
La designación del destacado neurocientífico Andrés Couve como nuevo ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y de la bióloga Carolina Torrealba como nueva subsecretaria -también con una reconocida trayectoria en el ámbito de la ciencia- constituyen el puntapié inicial de esta nueva institucionalidad, cuya tarea será centralizar las políticas de fomento y desarrollo de la ciencia en nuestro país, un área en la que existe amplio consenso sobre el rezago que presenta Chile a nivel internacional.
Cabe cuestionarse si para lograr estos objetivos era necesario crear la burocracia propia de un ministerio -aumentando a 24 el número de secretarías de Estado-, y no haber preferido estructuras más livianas pero altamente empoderadas. Se insiste en la equivocada noción de que a través de ministerios se puede lograr una mayor incidencia política o dejar en mejor posición para la asignación de fondos públicos, pero cuando menos es auspicioso que los principales cargos hayan recaído en personeros ampliamente respetados por la comunidad científica.
El Ministerio -que forma parte del nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación creado por ley- tendrá, entre otras tareas, el diseño, formulación, coordinación, implementación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a fomentar y fortalecer la ciencia, la tecnología y la investigación. Se trata de una tarea de amplias dimensiones, y probablemente uno de sus principales desafíos será no defraudar las enormes expectativas que parecen haberse cifrado en esta nueva institucionalidad. Al absorber una serie de funciones hoy dispersas en distintas reparticiones, cabría esperar mayor agilidad en la asignación de recursos a proyectos de investigación así como en la entrega de becas a estudiantes de posgrado, materia de constantes reclamos.
Pero probablemente donde más habrá que evaluar la eficacia de esta nueva repartición sea en que la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) se incremente sustancialmente, ya que Chile se encuentra entre los países de la OCDE con menor tasa de inversión en ciencia en relación al PIB (por debajo del 1%), muy lejos de casi 5% que invierten Israel o Corea del Sur. Hay abundante evidencia acerca de los positivos efectos en productividad que genera la inversión en ciencia, particularmente en la pequeña y mediana empresa, segmento que actualmente en nuestro país representa solo una pequeña fracción de la inversión en I+D, lo que claramente debería ser potenciado. Un punto que probablemente no quedó bien resuelto en la legislación tiene que ver con los incentivos para que privados desarrollen innovación, debido al royalty relativamente elevado que cobraría el Estado en caso de que se logre una patente comercialmente atractiva gracias a los fondos públicos recibidos. Es una materia que deberá ser eventualmente corregida si se comprueba que pudiera ser un factor inhibidor.
La nueva institucionalidad también podría hacer una significativa contribución instalando en el debate las perspectivas propias del siglo XXI, donde los vertiginosos avances en ciencia y tecnología están cambiando profundamente los paradigmas conocidos, lo que coloca a este Ministerio en un sitial privilegiado para ayudar a promover cambios que serán inevitables.