Desigualdad del delito
Los indicadores señalan que el número de hogares victimizados ha disminuido desde 39,5% a 36,4%.Pero un estudio más acabado permite determinar que sólo en los segmentos socioeconómicos altos y medios éstos bajan, ya que en el grupo más bajo sube de 33,3% a 37,5%.
Cuando se analizan los robos con violencia, éstos afectan más al quintil 1, con un 5,4 %; mientras que al más rico, sólo 4,4%. En los barrios más pobres, mayor es el nivel de revictimización: 33,4% vs 26%. Es decir, se consolida la desigualdad del delito y, con ello, se extienden los niveles de desigualdad estructural al ámbito de la seguridad.
Es necesario movilizar a la centroizquierda, porque los afectados son los más pobres, los que no tienen recursos para alarmas, videovigilancia o puertas reforzadas. Por tanto, su dependencia a la seguridad pública es absoluta y ésta no se está haciendo cargo de las demandas.
El principal reclamo es que la policía llega tarde. Y las estadísticas, tratándose del robo a una casa, indican un 98,3% de impunidad, sin sanciones, generándose un desincentivo para denunciar y, por otro lado, un perverso incentivo para delinquir. Se requiere mayor eficacia y eficiencia del sistema policial como del sistema de persecución penal. Pero también hay que tomar en cuenta la falta de oportunidades.
En los barrios con falta de equipamiento, escasez de espacios públicos y pequeños metrajes de las viviendas, gran parte de la vida cotidiana se desarrolla en veredas o plazas. Hay que entender que los barrios críticos requieren de la recuperación de espacios, dotados de seguridad, para que se puedan realizar actividades. Si no hay lugar para el juego o la conversación, se afecta la calidad de las relaciones familiares.
Mientras un joven de un barrio crítico se levanta a las 5 AM para ir a trabajar por el sueldo mínimo, cruzando toda la ciudad en bus, volviendo tarde y extenuado; hay otro vecino que se levanta tarde, tiene las mejores zapatillas, un arma de fuego, varios “soldados” y vive un pasar mucho mejor, desde el punto de vista económico, que ese otro vecino.
¿Cuál es el incentivo que le damos a ese joven para persistir en el camino del trabajo y el esfuerzo? El Estado tiene que actuar con prevención social, para evitar que los jóvenes ingresen en la carrera del delito, pero también con mecanismos de investigación y sanción para que el narcotraficante tenga mayor riesgo en su acción y que, tarde o temprano, sepa que va ser sorprendido, detenido y condenado.
Sin seguridad, no hay libertad. Pensemos en una mamá que no puede ir a comprar una bebida, después de las ocho de la noche, aun cuando está de cumpleaños su hija, por el temor a la bala loca o al asalto. Si limita su libertad por el temor, estamos en presencia de una afectación grave. Chile, para ser más libre, tiene que reunir mayores condiciones de seguridad. ¡No podemos permitir que la desigualdad se siga apoderando de nuestros barrios!