DESENLACE DE CRISIS EN CARABINEROS
Se abre una oportunidad para que el gobierno forje acuerdos que reestructuren la labor policial y se reformule la seguridad interna.
La semana que termina ha sido una de las más complejas en lo que va del segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera. Una seguidilla de complejas situaciones provenientes de los hechos delictivos que le costaron la vida a Camilo Catrillanca fueron poniendo bajo cuestionamiento la forma y modo en que el general director de Carabineros Hermes Soto ejercía el mando, precipitando que el Mandatario le solicitara su renuncia voluntaria, lo que Soto no aceptó.
Aun aceptando la buena fe con que actuaba el exgeneral director, lo cierto es que personas bajo su mando mintieron o intentaron mentir en la búsqueda de ocultar la verdad y de esa forma dificultar la labor de investigación y juzgamiento que, por mandato constitucional y legal, deben realizar otros órganos del Estado. A la luz de estos antecedentes, el Mandatario actuó acertadamente al solicitar la renuncia del oficial -si bien queda la duda si acaso esta decisión fue algo tardía debido al fuerte daño que ya se venía produciendo en la institución-; sin embargo, ante la sorpresiva negativa de Soto, fue necesario ejercer la facultad presidencial consagrada en la Constitución para llamar a retiro anticipado a los comandantes en jefe y director general de Carabineros, norma que desde su entrada en vigencia (2005) nunca había sido necesario recurrir a ella.
Es lamentable que el exgeneral Soto haya forzado las cosas hasta este punto, dañando no solo su prestigio profesional -al aparecer desafiando imprudentemente la autoridad presidencial- sino también exponiendo a la propia institución a un bochorno, lo que desde luego no contribuye al objetivo de restaurar la confianza en Carabineros. Esta forma de proceder forzó también a otros estamentos -Senado, Cámara de Diputados y la Contraloría- a tener que actuar con inusitada celeridad, a fin de poder cumplir con los requisitos de forma que exige la Constitución para cursar el decreto presidencial en apenas 24 horas, lo que reafirma que la salida de Soto era necesaria.
Si bien la crisis por la que atraviesa Carabineros difícilmente podrá ser superada por el solo expediente de un nuevo alto mando, el cambio permite descomprimir la situación y brinda una nueva oportunidad para que la institución se pueda abocar a sus tareas fundamentales. El gobierno, en tanto, deberá concentrase en el arduo desafío de impulsar un acuerdo político que permita reestructurar profundamente la institución policial y superar esta crisis, cuyo éxito o fracaso marcará la gestión política del gobierno.
Sin perjuicio de la necesidad de mejorar los procedimientos internos de Carabineros, ésta podría ser la oportunidad para avanzar en reformas mucho más estructurales a fin de mejorar la eficacia del trabajo policial. En tal sentido, parece razonable que la PDI concentre la investigación, mientras que Carabineros migre gradualmente hacia un rol preventivo. También cabría evaluar la conveniencia de que la seguridad interna siga dependiendo del Ministerio del Interior, pudiendo ser preferible que ello se radique en un ministerio específicamente a cargo de la seguridad, en tanto Interior se concentre en el rol de coordinación política y legislativa del Ejecutivo. Ese modelo evitaría exponer al ministro del Interior -quien además oficia de vicepresidente- al costo político de desaguisados policiales, y permitiría que la seguridad tenga una dedicación exclusiva.