TRANSPARENCIA

SEÑOR DIRECTOR

El 7 de noviembre de 2017 se firmó, entre el Congreso Nacional y el Ministerio de Hacienda, un protocolo que tenía como propósito “mejorar la transparencia y usabilidad de la información sobre finanzas públicas”.

Las medidas que dicho acuerdo contemplaba, gran parte sugeridas por organizaciones de la Sociedad Civil, tales como el “Observatorio del Gasto Fiscal” y “Espacio Público”, se han ido implementado, aunque no con la celeridad que uno esperaría.

Hay dos de ellas que, a mi juicio, son muy relevantes para la transparencia y eficacia del Congreso Nacional: la primera es aplicar a esta institución la normativa de la ley N°19.886, más conocida como “Ley de Compras Públicas”. No hay argumento razonable para que el Senado y la Cámara de Diputados estén excluidos de los principios y procesos establecidos en el citado cuerpo legal y su reglamentación. Al respecto, cabe hacer presente que, sobre este punto, el Ejecutivo presentó un proyecto que debiera ser tramitado con la debida urgencia.

Una segunda medida dice relación con la necesidad de dar solución a la enorme asimetría que existe entre el Congreso y el Ejecutivo en los temas vinculados a la Ley de Presupuestos. Implementar una “Unidad de Asesoría Presupuestaria” permitiría, a los parlamentarios de ambas cámaras, contar con apoyo técnico en materias que hoy la mayoría desconoce.

Finalmente, y fuera de protocolo, hay dos reformas que van en la misma línea: una, promovida por un grupo transversal de diputados, que tiene por finalidad que la “Ley de Transparencia” se aplique en plenitud al Congreso Nacional. La otra, fortalecer las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, en especial las solicitudes de información y las siempre criticadas “comisiones investigadoras”.

Jaime Pilowsky Greene