Emergencia institucional
La historia de América Latina confirma que las situaciones de fracaso del Estado y deterioro institucional siempre han tenido como uno de sus ejes el derrumbe ético de los cuerpos policiales. Situaciones donde la corrupción termina siendo parte de la cultura organizacional, donde los lazos con el crimen y el narcotráfico generan al final más temor y desconfianza hacia los uniformados que a los propios delincuentes.
En Chile siempre nos sentimos lejos de esas realidades, pero las evidencias del último tiempo obligan a ponerlo en duda. Un fraude sistémico que ha comprometido a un segmento relevante del alto mando institucional y cuyas ramificaciones están todavía lejos de aclararse. Una operación de inteligencia que implantó pruebas falsas para imputar a integrantes de una comunidad mapuche delitos inexistentes, y un gobierno –el de la Nueva Mayoríaque de manera todavía inexplicable decidió dejar esos delitos en la más absoluta impunidad, sin destituir a nadie y sin asumir ninguna responsabilidad.
En rigor, la decisión de Michelle Bachelet de dejar hacer y dejar pasar las gravísimas situaciones ocurridas en Carabineros es un elemento clave para entender cómo se llega al cuadro actual. Fue un precedente nefasto que solo fortaleció a los sectores institucionales que sintieron que podían seguir actuando con la total connivencia de las máximas autoridades del país. Sebastián Piñera asumió en marzo y su primera medida fue remover al general director Villalobos y a buena parte del alto mando. Pero el daño ya estaba hecho: con el apoyo de La Moneda el ahora ex general director había logrado construir una red interna de incondicionales, que tenían acceso privilegiado a los recursos del megafraude y, sobre todo, a la imp unidad consagrada a partir de la operación Huracán. El nombramiento de Hermes Soto en la jefatura de la institución solo vendría a ahondar el quiebre interno.
Aun antes de asumir, la nueva autoridad de Carabineros tuvo que afrontar filtraciones y operaciones de inteligencia para debilitar su mando. Sus esfuerzos por depurar las filas chocaron con la resistencia de una verdadera “quinta columna”, hasta que el crimen de Camilo Catrillanca vino a desfondar la jefatura asumida hace apenas ocho meses. De nuevo, pruebas falsas, encubrimiento y mentiras consumadas. Pero a diferencia de la vez anterior, ahora las trampas en el camino fueron deliberadamente puestas para dañar el mando de Hermes Soto. Y lo consiguieron: el general director quedó sin autoridad, denigrado por sus propios subalternos, mientras la oposición salía a exigir las responsabilidades políticas que en el caso del megafraude y la operación Huracán prefirió barrer bajo la alfombra.
Con la filtración de los videos que muestran los últimos instantes de Camilo Catrillanca, la suerte de Hermes Soto quedó sentenciada. Volvimos al escenario de hace ocho meses atrás: diez generales pasados a retiro y la designación de un nuevo director general. Es decir, un cambio de mando que, igual que el anterior, no será suficiente por sí solo para empezar a encauzar la crisis. Cuando lo que se requiere es un acuerdo político mayor, que permita intervenir la institución y tomar medidas muy duras, para sectores de oposición tiene más sentido encontrar la forma de pasarle la cuenta al actual ministro del Interior, precisamente la cuenta que no tuvieron la estatura moral de pasarse a sí mismos cuando fueron gobierno.
La oposición exige responsabilidades políticas que en el caso del megafraude y Huracán barrió bajo la alfombra.