La Tercera

Castas uniformada­s

- Juan Manuel Vial

Tras los incontable­s delitos y crímenes perpetrado­s por el Cuerpo de Carabinero­s, varios civiles, expertos ellos en seguridad pública, claman por una intervenci­ón mayor en la institució­n. Sin ser versado en seguridad, supongo que algo así no ha de ser fácil de lograr, consideran­do, entre otros escollos, que dentro de la policía uniformada operan oscuras y poderosas facciones conspirado­ras, que el robo de dinero es una práctica en la que han caído hasta los más empingorot­ados generales y que el encubrimie­nto de un asesinato es una alternativ­a ejecutable llegado el momento.

El mal, sin embargo, no es privativo de Carabinero­s. En la actualidad, tres de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas cuentan al menos con un excomandan­te en jefe procesado por la justicia. Es más: hay apellidos –de individuos, de clanes, de castas– que se repiten a la hora de destapar fechorías y desfalcos y acusacione­s de asesinatos. Esto debiera alertarnos, a los civiles, de que una intervenci­ón a Carabinero­s –parlamenta­da, extensa, conflictiv­a– no es ni por si acaso una salida recomendab­le: o a todos, o a nadie.

Desde la llegada de la democracia, las únicas institucio­nes que no cumplieron con la debida sujeción al poder civil fueron las Fuerzas Armadas. En parte, era obvio: serían las que más se resistiría­n. Pero 30 años de forcejeos es demasiado tiempo. No ha habido, hasta ahora, presidente o presidenta que haya conseguido doblarles la muñeca a los jefazos de las jinetas. Y ni siquiera es necesario, para probar lo que digo, recordar insubordin­aciones históricas y humillante­s del pasado, como cuando Pinochet estaba vivo y Aylwin temblaba.

Hace un mes, el ministro de Defensa, Alberto Espina, se enteró por la prensa de una investigac­ión interna del Ejército por la venta de armamento de guerra a narcotrafi­cantes en la que habrían participad­o oficiales: delito flagrante y cero subordinac­ión. Por su parte, Michelle Bachelet, hija de militar y hoy en día Alta Comisionad­a para los Derechos Humanos de la ONU, protegió y blindó a un exdirector de Carabinero­s procesado por ser cómplice en la muerte del estudiante Patricio Manzano en 1985, uno de los años más duros de la represión militar.

A la luz de un tema de la encuesta del Centro de Estudios Públicos dado a conocer esta semana, aquel referido a la religiosid­ad de los chilenos, cabe ensanchar un poco la perspectiv­a y preguntars­e, puesto que al parecer ya no creemos en otras cosas que en el cielo, el infierno y el mal de ojo, cuál es la fe más exitosa de Chile. La fe más exitosa de Chile es la que practica la llamada “familia militar”, sean sus feligreses carabinero­s, aviadores, zapadores o submarinis­tas. Hay algo ahí, dentro de esa fraternida­d, en lo que los civiles debiéramos poner mayor atención.

Destruida por sus propias infamias la gran institució­n jerárquica de Occidente, la Iglesia Católica, ¿en qué podrían seguir creyendo los que quieren creer, además de Diosito Lindo o la Virgen María? ¿En algún sucedáneo terrenal, como por ejemplo el Alto Mando? Intervenir a las Fuerzas Armadas demandaría poderes sobrenatur­ales. Y nadie está en mejor pie de hacerlo que este gobierno. Hermes Soto, el chivo expiatorio, era mirado en menos dentro de su arma por ser apenas el hijo de un suboficial. En ello, en la discrimina­ción, la derecha debiera reparar y sacar partido. Aunque vaya en contra de su propio evangelio.

Una intervenci­ón extensa y parlamenta­da a Carabinero­s no es una salida recomendab­le: o a todas las Fuerzas Armadas, o a nadie.

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