REFORMA PARA REMOCIÓN DE COMANDANTES EN JEFE
El Presidente de la República anunció el envío de una reforma constitucional para agilizar la remoción de los comandantes en jefe y Director General de Carabineros en caso de que el Mandatario solicite su retiro anticipado. Conforme lo anunciado, el objetivo es terminar con el actual requisito de dictar un “decreto fundado”, del que tiene que tomar conocimiento previo el Congreso y luego ser objeto de toma de razón por parte de la Contraloría.
Dicho mecanismo hubo de ser activado recientemente, a raíz de la petición de salida del ex general director de Carabineros Hermes Soto, quien se negó a dejar el cargo. Desde la Presidencia se ha estimado que la actual disposición no asegura la total subordinación de los cuerpos uniformados al poder civil, ya que si el jefe de estado dispone una remoción, ésta debería ejecutarse sin dilación. Otros dirigentes de oposición han sugerido que el actual mecanismo pone en riesgo la estabilidad democrática.
Un examen en mayor profundidad no hace evidente la pertinencia de esta reforma, considerando que el actual mecanismo no fue impedimento para hacer efectiva la voluntad presidencial, sin que se pueda poner en duda el mando del poder civil sobre las FF.AA. y de Orden. El Congreso solo se puede limitar a conocer los fundamentos del Presidente, pero en ningún caso puede revertir su decisión, y en la eventualidad de que la Contraloría no tome razón del decreto, el Presidente puede recurrir al mecanismo de la insistencia. El texto constitucional no es claro sobre la forma en que se satisface el requisito de información previa al Congreso del decreto fundado, optándose esta vez por dar cuenta en sala, algo que ha sido discutido por algunas voces.
Una revisión del debate legislativo de la época revela que estuvo en el ánimo de los parlamentarios establecer algún tipo de resguardo para que la decisión de remover a comandantes en jefe no fuere algo meramente caprichoso, estimándose que ello podría salvaguardarse exigiendo al jefe de estado dar cuenta de sus fundamentos y eventualmente pagar el costo político de una mala decisión. Así, el mecanismo actual en cierta forma responde a la lógica de los contrapesos, un principio razonable para el correcto ejercicio del poder. De allí que no resulte obvio la pertinencia de este cambio, pero si se insiste en ello, deben analizarse con especial detención sus efectos.