BALANCE DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO
Para movilizar las potencialidades del país y mejorar la evaluación de la ciudadanía, parece necesario que el Ejecutivo perfile más claramente su propuesta y concrete partes relevantes de ella.
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La sensación que predomina al finalizar 2018 es que ha llegado el momento de las definiciones que determinarán el juicio más fundado y permanente sobre la gestión del Ejecutivo. En los meses transcurridos han sido muy relevantes situaciones ajenas a la responsabilidad del gobierno, que han sometido a prueba su capacidad. En algunos casos, como en el “ordenamiento” de la inmigración, se le han reconocido actuaciones adecuadas, concordantes con la sensibilidad mayoritaria en el país.
Sin embargo, al parecer han predominado sobre el apoyo ciudadano los efectos de situaciones negativas, que han configurado un clima de incertidumbre institucional, como ha sido la crisis en Carabineros. También está el efecto de expectativas económicas que no se han materializado en el grado deseado y que, a pesar de esfuerzos comunicacionales del oficialismo, ha impactado negativamente en la evaluación ciudadana. Las mediciones, así, aun parciales y transitorias, muestran un mayor desapego del gobierno por parte de los ciudadanos.
Pero la promesa de la candidatura de Sebastián Piñera no se limitó a una gestión eficaz de las crisis sobrevinientes, sino que permitió creer que Chile podía restaurar su modelo económico social, puesto en riesgo por el gobierno de la Nueva Mayoría. Y el juicio más definitivo de quienes apoyaron la candidatura de Chile Vamos, sobre la calidad del gobierno, va a derivar del grado en que éste, efectivamente, logre rescatar y reimpulsar el modelo chileno.
Es difícil pensar que el gobierno hubiese podido completar alguna de las grandes reformas necesarias para este propósito en su primer año. Pero podrían exigírsele propuestas relativamente acabadas en los temas a abordar. Mirado así, parecería que el mayor avance está en el proyecto de reforma previsional, que es contundente, y consistente con reforzar el régimen de capitalización individual, la base de cualquier reforma financieramente viable. Concretar algo similar a la reforma propuesta, desactivando las amenazas de desarticulación del sistema de AFP, sería un avance mayor hacia el cumplimiento de las expectativas sobre el gobierno.
Menos claridad hay en materia tributaria, donde se va configurando la expectativa que los cambios se limiten a mejoramientos técnicos -que son importantes- a la legislación actual, dadas las restricciones que manifiesta la oposición, incompatibles con un estímulo a la inversión. Donde la situación parece ir encaminada a permanecer en grave déficit es en el campo laboral, donde no se contempla restablecer el reemplazo de trabajadores en huelga, ni fórmulas efectivas para contener los paros ilegales -en el sector público y privado- que afectan empresas, consumidores y, en definitiva, el funcionamiento del país.
Así las cosas, la evaluación sobre la gestión del gobierno debe mantenerse pendiente. Parece condición necesaria para que la coalición de gobierno preserve como su atributo una mejor capacidad de movilizar las potencialidades del país, y para una evaluación final positiva de la ciudadanía, que el Ejecutivo opte por perfilar más claramente su propuesta, y concrete partes relevantes de ella.