Los desafíos de Chile para 2019
Este podría ser un buen año para el país, en la medida que se refuercen las instituciones y se profundicen los grandes acuerdos.
Nuestro país solo consolidará su progreso si enfrenta con energía las carencias, vicios y limitaciones que hoy muestran algunas de sus instituciones, lo cual genera explicables aprensiones sobre la solidez del estado de derecho. El mundo cambia vertiginosamente y no son pocas las entidades estatales que tienen precarios niveles de eficiencia. Por supuesto que lo más grave son los casos de corrupción.
El país ha visto con justificada alarma la profunda crisis de Carabineros de Chile, que por largos años encabezó la valoración de los ciudadanos en diversas encuestas. Su situación exige rectificaciones de fondo y es indispensable que éstas sean comprendidas y asumidas por el nuevo general director. Cabe reforzar la supervisión directa por parte del gobierno, específicamente del ministerio encargado constitucionalmente de esa tarea, y actualizar las leyes y protocolos en que debe enmarcarse la función policial.
El fenómeno de la inmigración plantea un inmenso reto nacional y es evidente que nuestro país está dando recién los primeros pasos de una política de migraciones que merezca el nombre de tal. Es obvio que el aparato estatal debe adaptarse a una nueva realidad. No pueden surgir guetos por doquier de las familias de inmigrantes que han llegado a nuestra tierra buscando mejores horizontes. Hay que favorecer su integración y ciertamente velar por sus derechos y dignidad.
Particular inquietud ha generado la situación de la Contraloría General de la República. Se trata de una institución de destacada trayectoria, cuya labor fiscalizadora ha sido clave para el país. Por desgracia, los episodios del último tiempo han creado la impresión de que se convirtió en un campo de batalla entre sus principales autoridades. Si esto no se corrige drásticamente, el riesgo de degradación institucional es muy grande.
El Congreso, lamentablemente, sigue sin remontar en la estimación ciudadana. No obstante, numerosos parlamentarios no parecen darse cuenta de las causas del fenómeno, entre ellas la tendencia a buscar notoriedad noticiosa más por el ruido y los gestos mediáticos que por su solvencia como legisladores. El Congreso debe volver a inspirar respeto por hacer bien su labor -privilegiando las temáticas que figuran entre las prioridades ciudadanas- y por ser un ejemplo de civismo.
En el empeño por mejorar nuestras instituciones, el Ejecutivo tiene la mayor responsabilidad, sobre todo el Presidente de la República. En sus manos está, en gran medida, la posibilidad de alentar el perfeccionamiento del régimen democrático. Al respecto, es urgente despejar las dudas sobre los alcances de la elección de gobernadores regionales en 2020. El país no puede dejarse arrastrar por la inercia electoral sin antes precisar rigurosamente las atribuciones que tendrán esas autoridades dentro de nuestro Estado unitario. No es claro cómo coexistirán con los representantes directos del Presidente en las regiones. Hay allí un conflicto de poderes en ciernes, que puede tener un alto costo.
2019 puede ser un buen año para Chile, en la medida que se refuercen las instituciones y se profundice el esfuerzo por establecer grandes acuerdos en las áreas en las que se juega el avance hacia el desarrollo, lo que demanda alentar el diálogo democrático como conducta permanente.