AUMENTO DE CAMPAMENTOS EN EL PAÍS
Se requiere de urgencia política para brindar los recursos necesarios que permitan erradicar este tipo de asentamientos.
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Apesar de los significativos avances que el país ha experimentado en materia de política social, la realidad de los campamentos sigue muy presente; es así que conforme a un catastro elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a octubre del año pasado se contabilizaron un total de 822 asentamientos a nivel nacional, lo que supone un aumento de 165 respecto del último registro, que data de 2011. Se trata de 46 mil hogares que viven en esta situación, lo que naturalmente exige una dedicación preferente de las políticas públicas para revertir estas estadísticas.
El elevado número de campamentos, así como su aumento, llaman especialmente la atención considerando que, de acuerdo con la última encuesta Casen, en el mismo período, la pobreza por ingresos experimentó una notable disminución. De acuerdo con dicho registro, si en 2011 el 22% de la población se encontraba en situación de pobreza, para 2017 la cifra había caído al 8,6%, el registro más bajo en nuestra historia.
Las causas detrás del fenómeno de los campamentos son variadas, pero conforme lo han señalado voces expertas, es posible que uno de los factores de mayor incidencia tenga que ver con la escasez de suelo para la construcción de viviendas sociales, lo que ha elevado el precio de los arriendos, forzando a miles de personas a vivir en asentamientos hacinados o sin servicios básicos.
La realidad de los campamentos tampoco es uniforme a lo largo del país, siendo las regiones de Antofagasta, Atacama y Tarapacá las que registran los mayores aumentos -en contraste, Aysén, Maule y Coquimbo son las regiones con mayor tasa de disminución-, lo que también sirve de insumo para efectos de determinar en qué zonas deberían focalizarse mejor las políticas públicas. Es desde luego una negativa señal que sea justamente en el extremo norte donde el fenómeno se haga más acuciante, porque parece sugerir que las políticas tendientes a estimular el desarrollo de esta zona -cuya importancia estratégica es muy relevante, considerando su posición limítrofe- todavía son insuficientes, favoreciendo actividades indeseables como el narcotráfico.
Es muy probable que el aumento de la inmigración también explique parte del alza en el número de campamentos, en particular en la zona norte del país -que ha sido el punto de llegada de muchos extranjeros-, lo que de comprobarse efectivo sería una nueva muestra sobre la importancia de que la política migratoria se haga en forma ordenada y sea capaz de brindar una adecuada seguridad social.
Es acertado que el Ministerio de Vivienda, a la luz de estos nuevos antecedentes, esté evaluando una batería de medidas para acelerar el cierre de campamentos y favorecer soluciones habitacionales o nuevos subsidios de arriendo. Con todo, se trata de un desafío de gran envergadura -los recursos públicos que deberían comprometerse a esta tarea son cuantiosos, probablemente mucho más que la gratuidad universitaria-, lo que debe ser asumido con alto sentido de urgencia política, ya que los estándares sociales hacia los que pretende avanzar el país hacen incompatible la existencia de asentamientos precarios.